Texto
Amy Orta Rivera,
El Puente- Enlace Latino de Acción Climática
Arte
Estefanía Rivera Cortés / Agitarte
Energía y transiciones justas
Es necesario recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer necesidades en un contexto de finitud de recursos e inequidad bajo una lógica de derechos. Desfosilizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, democratizar es el trabalenguas a resolver. – Pablo Bertinat (2016)
Las bases de la transformación energética
Los efectos de la crisis climática son distintos en cada región geográfica, sin embargo, las islas a nivel global son de las regiones más afectadas por el cambio climático. El espacio geográfico limitado que tienen muchas islas, incluyendo a nuestro archipiélago, presenta una mayor vulnerabilidad ante los efectos acelerados del cambio climático. El agotamiento de los recursos, la pérdida de cosechas, el aumento del nivel del mar y la escasez de agua representan un riesgo mayor para las islas debido a su territorio limitado (IPCC, 2018).
La brecha tiempo para establecer medidas de adaptación continúa cerrándose en la medida que los países no integran procesos para cumplir con sus metas de integración de energías renovables. Es por esto por lo que se hizo un llamado a que la transición energética debe ser la prioridad para todos los países, haciendo un énfasis en los países de mayor producción de gases de efecto invernadero. El sector que mayor contribuye al cambio climático es el sector energético, el cual representa el 73 % de las emisiones globales (World Resources Institute, 2017). Según datos obtenidos del World Resources Institute, los 10 países que más contribuyen al cambio climático son: China, Estados Unidos, Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá.
A pesar de que las islas, a nivel global, son las más afectadas por el cambio climático, sólo emiten el 1 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera (UN-OHRLLS, 2015). Por lo tanto, para lograr las metas establecidas en el Acuerdo de París, los mayores emisores de CO2, como China, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, deben comprometerse a crear políticas a nivel nacional para reducir drásticamente su dependencia de los combustibles fósiles. Dicho esto, la pregunta siguiente debería ser, ¿por qué Puerto Rico debe procurar una transformación energética, siendo un archipiélago que no libera tanto CO2 a la atmósfera? Pudiéramos contestar la pregunta de manera simple:
- Puerto Rico no puede controlar los precios de los combustibles fósiles.
- Transportar los combustibles fósiles desde lugares lejanos implica un alza en precios.
- Los combustibles fósiles afectan a la salud humana y a la ambiental.
- El sistema que tenemos produce demasiadas interrupciones del servicio eléctrico.
Puerto Rico, debe comprometerse a priorizar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. A través de la Ley 17-2019, Puerto Rico tiene la meta de generar electricidad utilizando el 100 % de energía renovables para el 2050. En los pasados 10 años, se han creado leyes que buscan cambiar la generación de energía de fuentes fósiles a fuentes renovables. Sin embargo, al momento de este escrito, apenas un 3 % de la electricidad en Puerto Rico se genera con energías renovables. Esto implica que mientras el gobierno hizo el trabajo de demostrar un interés en hacer tal transformación, este interés no se tradujo en acciones concretas como para que el portafolio energético del país sea uno alentador. Para el 2019, el sistema de generación en Puerto Rico provenía del 49.50 % de petróleo, 29 % gas metano, 19 % carbón y 2.3 % de energía renovable (US Energy Information Administration, 2020). Aún se discute el utilizar el gas metano como un combustible de transición. Si Puerto Rico invierte miles de millones de dólares en construir infraestructuras nuevas para la generación de electricidad a base de gas metano, se tendría que trabajar con este combustible fósil por al menos 20 años.
Una transformación energética abarcadora va mucho más allá que intercambiar la generación de energía a base de combustibles fósiles por una que sea 100 % energía renovable. Implica lo siguiente, pero no se limita a: (1) asegurarse que en todo momento la ciudadanía tenga suficiente energía para poder hacer sus labores; (2) disponibilidad de financiamiento para proyectos de eficiencia energética, así como para la obtención de sistemas fotovoltaicos y/o almacenamientos de energía; (3) eliminar o reducir drásticamente las externalidades sociales y ambientales; (4) mejorar el sistema de gobernanza en el que se tomen decisiones con procesos transparentes teniendo como centro la integración de consultas ciudadanas; (5) cambiar la infraestructura del sistema eléctrico a uno que sea descentralizado, es decir, que la producción de energía esté cerca de donde se va a utilizar ya sea en áreas residenciales, comerciales o industriales; (6) creación de procesos de auditoría para conocer y mejorar las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como la auditoría de la deuda de la AEE; y (7) por último, asegurarse que haya una transición justa en la fuerza trabajadora que se encuentra dentro de la industria de combustibles fósiles para que pueda transferirse a los nuevos empleos con energía renovable (Queremos Sol, 2019).
La adaptación climática del servicio eléctrico redunda en reducir la vulnerabilidad del sistema ante eventos naturales. No se debe normalizar que familias, la comunidad estudiantil, los negocios y los servicios esenciales pierdan el servicio eléctrico por semanas o meses. Después del huracán María, Puerto Rico vivió la destrucción de la red eléctrica cuando muchas personas quedaron sin el servicio eléctrico hasta casi un año luego del evento. Situaciones como ésta demuestran cuán poco preparado está nuestro sistema, en especial cuando el cambio climático altera la historia que conocemos sobre los desastres naturales, dejando a comunidades más vulnerables que antes.
La energía como un derecho humano
La energía y la electricidad se han visto como una mercancía a la que sólo los que pueden pagar deben tener acceso a ellas. Las fuentes de electricidad por los pasados 150 años, provienen mayormente de los combustibles fósiles, en su mayoría: el petróleo, gas metano y el carbón. A diferencia del agua, que en diferentes regiones del mundo es catalogada como un derecho humano (Naciones Unidas, 2010), la energía no goza de ese mismo estatus. Dado a que la mayor parte de la historia humana sobrevivió sin electricidad y millones de personas hoy día no tienen acceso a ella, se entiende que la energía no es un derecho, sino más bien una comodidad. De ninguna manera se podría equiparar la necesidad del ser humano de tener acceso a agua limpia a tener acceso a la electricidad. Sin embargo, se tiene que reconocer que para mantener los estilos de vida que llevan las personas en el siglo XXI, no se podrían lograr sin la existencia de la electricidad.
El huracán María le dejó muy claro al país que, sin electricidad, la precariedad aumenta y los cuerpos se acumulan. Más de 4,000 personas en Puerto Rico murieron a causa de una interrupción del servicio eléctrico que duró desde semanas hasta meses en ciertos sectores del país (Kishore et al, 2018). Sin electricidad, las personas no podían acceder a algún tipo de asistencia médica, los equipos médicos en los hogares dejaron de funcionar y algunos hospitales tuvieron que clausurar sus salas de operaciones por no tener en funcionamiento los acondicionadores de aire que evitan las altas temperaturas y la acumulación de hongo (Sosa y Wiscovitch, 2017). Esta situación nos enseña que la tecnología que permitió que la población en Puerto Rico tuviera electricidad en décadas pasadas ya no es viable en el siglo XXI y mucho menos dentro del contexto de la crisis climática.
La transformación energética debe verse como un asunto de derechos humanos para asegurar que las políticas públicas que se trabajen permitan que toda la población de Puerto Rico tenga acceso a energía confiable, limpia y económica. Desde antes de la era digital, la electricidad permitió una comunicación más rápida entre individuos, gobiernos, negocios y organizaciones a través del telégrafo, teléfono, radio y la televisión (Institute for Energy Research). Permite que en las calles haya alumbrado para transitar de una manera más segura en la noche. El transporte fue posible gracias a la existencia de la electricidad. El sistema de educación, las artes, los trabajos y el suministro de agua se verían severamente afectados por la falta de electricidad. El mundo que conocemos hoy día sería muy distinto si un día la electricidad, utilizada con los mecanismos creados por los seres humanos, dejara de existir.
Trilema de energía/Trinidad imposible
La energía y la existencia de los procesos de electrificación no garantizan por sí solos que la población goce de los beneficios asociados a ella. En los inicios de los sistemas eléctricos, no se conocían los peligros de la quema de carbón en la sociedad y en el medio ambiente. El trilema de energía busca crear un futuro energético en el que se tomen en consideración la confiabilidad del sistema eléctrico, la equidad energética y la protección del medio ambiente (World Energy Council, 2020). En instantes se logra garantizar sólo dos dimensiones del trilema, ocasionando injusticias energéticas, como los problemas respiratorios en poblaciones que viven cerca de una planta de carbón. Veamos cómo trabaja cada dimensión del trilema de energía:
Confiabilidad: Se refiere a que el sistema eléctrico sea uno que apenas tenga interrupciones eléctricas. Es un sistema cuya infraestructura se actualiza y se diseña teniendo en cuenta las necesidades de la población, y observando los fenómenos naturales que la pudieran afectar. Cualquier reforma de política pública energética debe tomar en consideración que siempre tenemos que suplir energía. Dicha transformación requiere un retiro continuo y acelerado de las plantas de combustibles fósiles, mientras se van instalando otras fuentes de energía renovable.
Equidad energética: Busca que la población tenga acceso a energía, es decir que su hogar, su comercio o industria estén conectados a una red donde pueda nutrirse de electricidad. Además, se busca que los precios asociados a la generación, transmisión y distribución de energía sean asequibles.
Sustentabilidad ambiental: Esta dimensión tiene como meta que cualquier sistema eléctrico y sus componentes no afecten a la salud humana y ambiental. En tiempos de crisis climática, un sistema atemperado a la sustentabilidad ambiental va a producir poco o ningún gas de efecto invernadero, no contaminará cuerpos de agua, terrenos aledaños o la biodiversidad.
Al trilema de energía también se le dice trinidad imposible (Carbon Brief, 2013), ya que son pocos los países que logran (en un momento dado) crear un balance en las tres dimensiones. Aunque se pudiera decir que es sencillo, el camino para lograr una transición de generación de energía de combustible fósil a una que provenga de las energías renovables es un tanto complicado. Para alcanzar estas metas tenemos que ir más allá de las soluciones más simples y preguntarnos, ¿estaremos creando un futuro desigual al generar electricidad a base de energías renovables?
Principios y estrategias de la justicia energética para las transiciones justas
Una transición justa de los procesos energéticos requiere que se dé una mirada abarcadora al sistema que permite que tengamos electricidad. La propuesta multisectorial, Queremos Sol, propone una serie de estrategias para reformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, considerándolo un servicio esencial público que debe cambiar totalmente a energías renovables, en especial la energía fotovoltaica en techos. Se pudiera resumir que la transformación energética requiere dos cambios fundamentales: técnicos y de gobernanza. La transformación técnica está basada en estrategias de eficiencia energética, conservación de energía y manejo de la demanda para reducir el consumo de energía. Se incorporaría al sistema eléctrico generación de energía distribuida la cual permitiría que los ciudadanos, industrias y comercios se integrasen a la red eléctrica como “prosumidores” (consumidores que también producen su propia energía).
Los enseres eléctricos que utilizamos hoy día son más eficientes que los enseres utilizados hace 15 ó 20 años, es decir que la cantidad de electricidad que estos enseres utilizan es menor que la que antes utilizaban, aunque hagan el mismo trabajo (Green Climate Fund, 2019). Una política pública, que busque una transformación energética que reduzca el aumento de temperatura global y a la vez reduzca los costos que los abonados pagan en su factura eléctrica, debe traer consigo la creación de programas e incentivos para obtener aparatos eléctricos que usen menos energía.
El diseño de una infraestructura determina si se va a utilizar más electricidad de la que se debe. En las edificaciones, se establecen lo que se conoce como estrategias de tecnologías o diseños pasivos. Es decir, jugar con la orientación de la Tierra con respecto al sol (a qué hora y en cual lugar de la casa irradia más el sol); verificar la dirección del viento para construir ventanas en dirección perpendicular al viento; incluir en el diseño de las casas tragaluces para dejar de necesitar luz artificial durante el día y aleros para proveer sombra a las ventanas (Abruña, 2005). Éstas y otras estrategias son las que permiten disminuir el uso de aparatos electrónicos que consumen alta energía como los acondicionadores de aire.
Asequibilidad
Puerto Rico se mueve entre la segunda y tercera posición entre las jurisdicciones dentro de Estados Unidos que pagan más por energía, seguido por Hawái y Alaska (Energy Information Agency, 2019). Esta situación ocasiona que las personas con ingresos más bajos continúen pagando más de su salario en energía que personas con ingresos más altos.
Cualquier reforma energética debe incluir el análisis de costos de proyectos energéticos que estén sujetos a aprobación. Las fluctuaciones en el precio de los combustibles fósiles están atadas a diferentes factores: suministro, demanda, costos operacionales, crecimiento económico, sistemas atmosféricos, influencias de los precios de otros combustibles, temperaturas altas en el verano, entre otras (US Energy Information Administration, 2020). Por otro lado, en los procesos para producir energía renovable se eliminan los costos de combustible y los costos operacionales son más bajos (Roser, 2020).
La financiación de sistemas fotovoltaicos se puede trabajar de diversas maneras. Por un lado, están las personas que pueden solicitar préstamos a los bancos y/o cooperativas para financiar sus propios proyectos solares. Entre más un hogar logre disminuir su consumo energético a través de eficiencia energética, menor es la cantidad de paneles fotovoltaicos y sistemas de baterías que debe instalar. Se pretende que la AEEPR quede como el ente proveedor de energía renovable. Por esto, se necesita de grandes sumas de dineros para cambiar un sistema eléctrico que tiene más de 120 años. Con este fin, se ha estado hablando sobre el uso de los fondos CDBG y los fondos de FEMA. Sin embargo, las decisiones que están tomando los altos directivos de la AEEPR, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) son para comenzar procesos de privatización. El pretexto constante es que van a reducir la vulnerabilidad del sistema rehaciendo lo que antes ya estaba. No importa cuanta energía nosotros podamos generar en Puerto Rico, si no descentralizamos la red, en cualquier evento atmosférico o telúrico volvemos a quedar sin el servicio eléctrico. Esto nos lleva a entender que un sistema energético dentro del contexto de crisis climática debe asegurarse de incluir un plan de adaptación al cambio climático para reducir los costos de reparaciones y garantizar el flujo continuo de electricidad. Según FEMA, la mitigación de desastres naturales ahorra $6 por cada $1 invertido (FEMA, 2018).
Otro elemento que retrasa los ahorros en las tarifas de electricidad es la política de privatización. Desde que se creó la Ley 29-2009, Ley de Alianzas Público-Privadas, el gobierno tiene en la mira buscar la manera de traspasar el sistema energético del país a manos privadas. La meta no debe ser cambiar de combustibles fósiles a energías renovables a como dé lugar. Las energías renovables no están exentas de las políticas de privatización.
En fin, mantener un sistema energético basado en energías renovables, debe ir de la mano de una buena toma de decisiones económicas por parte del gobierno de Puerto Rico. Se debe anhelar el mayor ahorro económico posible tomando en consideración que esas decisiones no afecten a la ciudadanía y al medio ambiente y su biodiversidad.
Democracia participativa
Antes de aprobar medidas o proyectos energéticos, es deber del Estado crear espacios de consulta y deliberación para que la sociedad civil debata los méritos de tal propuesta. La democracia participativa va muy de la mano con el acceso a la información y la participación ciudadana. No se deben crear proyectos que estén fuera de la valoración de personas expertas y de la ciudadanía en general. Los espacios de diálogos pueden tomar diversas formas, como mesas redondas multisectoriales para identificar problemas o para presentar soluciones a esos problemas. Las vistas y comentarios públicos son esenciales para que las personas puedan expresar su sentir ante una propuesta.
Crear estos espacios de diálogo requiere que se tome en cuenta el contexto socioeconómico de la población para crear diferentes alternativas de consulta ciudadana. Un debido proceso de ley toma en consideración hasta los eventos naturales que afectan al país durante el periodo de consulta, permitiendo un tiempo prudente para la divulgación de información, análisis de las propuestas del gobierno y la discusión de dichas propuestas en procesos de vistas públicas y escrito de comentarios.
Gobernanza
“Dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste, no tomar más de lo que necesitas, tratar de no causar daños a la vida o al ambiente y si provocas un daño, indemniza.”, ecólogo Paul Hawken (Sovacool, 2013). El trilema de energía vuelve una vez más a tomar relevancia y la gobernanza lo lleva un paso más allá. La gobernanza se refiere “a estructuras y procesos que están diseñados para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la capacidad de respuesta, el estado de derecho, la estabilidad, la equidad y la inclusión, el empoderamiento y una participación de base amplia (UNESCO, 2021). ¿Cómo podemos soñar con un mejor desarrollo para nuestro país, si una cantidad de decisiones por parte de las agencias del gobierno se hacen a puerta cerrada? La gobernanza implica tomar decisiones teniendo en cuenta las estructuras y procesos para atender los costos sociales y ambientales que puede traer cualquier proyecto energético.
El Principio 2, de la Declaración de Río, expone que los países pueden explotar sus recursos dentro de su jurisdicción, pero que deben asegurarse de no causar daños a otros países con esas mismas prácticas (Naciones Unidas, 1992). Si Puerto Rico busca crear una estructura de gobernanza dentro del sector energético, por ejemplo, implicaría que se detiene la práctica de enviar cenizas de carbón a otros países. Esto resultaría en el cierre de una planta de carbón, ya que la política pública dictaría la no deposición de cenizas dentro o fuera de Puerto Rico. Por otro lado, se crearían políticas y procesos en contra del extractivismo por lo que se evitaría desde un inicio traer a Puerto Rico algún derivado de los combustibles fósiles. La buena gobernanza permite proteger el ambiente y la salud de la población puertorriqueña y, a la vez, la de nuestra vecindad caribeña.
No debe ser responsabilidad de la población puertorriqueña continuar pidiendo estudios económicos, estudios ambientales, vistas públicas, acceso a documentos, entre otras exigencias. El Estado es quien tiene total responsabilidad de ofrecer todos los detalles de cualquier proyecto energético propuesto antes de empezar su desarrollo. Un proyecto o regulación que tenga un impacto ya sea positivo o negativo a ciertos sectores del país, debe ser ampliamente discutido para lograr una mejor toma de decisiones.
No basta con que las agencias gubernamentales cumplan con el más mínimo requisito de acceso a la información y participación ciudadana, por ejemplo, hacer una notificación en su página web. Para que haya una transición justa energética, es vital que la población participe de los procesos. Es por esto por lo que el gobierno debe buscar diferentes avenidas para asegurar que la información llegue a las comunidades. Identificar organizaciones que tienen injerencia en el tema, es primordial para que éstas sirvan de puente para las comunidades que atienden. El acceso a la información y la participación ciudadana son temas mucho más amplios de lo que se ha expuesto aquí. Es de suma importancia que Puerto Rico participe en diálogos internacionales sobre estos temas para asegurarnos que vayamos alcanzando metas para el mejoramiento en la toma de decisiones en los procesos energéticos.
Todo esto no se puede lograr sin la despolitización de los encargados de tomar las decisiones del futuro energético de Puerto Rico. Los miembros de la junta directiva y la posición del director ejecutivo son escogidos por el gobernador o la gobernadora de turno. Se espera entonces que estas personas atiendan las demandas del partido de turno y no las necesidades de un país que necesita de un sistema eléctrico confiable, sano para el ambiente y financieramente accesible. Se debe establecer un nuevo proceso para nombrar personas a estos puestos. Por ejemplo, incluir personas de la sociedad civil, asociaciones y organizaciones pertinentes para nombrar y evaluar los candidatos para los puestos (Queremos Sol, 2019).
Equidad intrageneracional y equidad intergeneracional
La equidad intrageneracional responsabiliza a la generación del presente a crear las condiciones necesarias para el buen vivir de generaciones futuras. Cualquier proyecto energético tiene la finalidad de perdurar a través del tiempo. No es saludable para la economía de un país que se desarrollen proyectos pensando solamente en las necesidades de la generación de ahora. Además, de esta manera se evitaría que los impuestos energéticos tengan una perdurabilidad de más de 20 años para costear deudas que las próximas generaciones no crearon.
Desde el presente, tenemos que pensar qué nos hubiera gustado que las generaciones pasadas hubieran hecho diferente en cuanto a la energía en Puerto Rico. Volver al tiempo en los años 70 cuando los países se encontraban en la Crisis del Petróleo, y exponerle al gobierno la necesidad de crear política pública que disminuya, de manera escalonada, la dependencia en los combustibles fósiles. Mantener tal dependencia nos hace vulnerables a cualquier cambio que ocurra a nivel internacional en cuanto a la disponibilidad y los costos para generar energía.
La equidad intergeneracional busca que todas las personas tengan acceso a los servicios energéticos de manera justa (Sovacool, 2013). Acceder a estos servicios implica crear las condiciones necesarias para que las personas en desventaja económica puedan participar de la transformación energética. Se conoce que no todas las personas tienen el acceso económico para instalar sus propios paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía. Pero, esto no significa que se deba dejar a esas personas con un sistema energético contaminante e ineficiente. La población en desventaja económica pudiera generar su propia energía, ya sea de manera completa o parcial al tener acceso a oportunidades de financiamiento con incentivos para que la instalación de paneles solares en los techos sea más accesible.
Democratización energética
Se debe evitar que la transformación energética se convierta en un modelo en el que unos pocos aprovechen la crisis climática como pretexto para beneficiarse económicamente (Bertinat, 2016). Este beneficio se muestra cuando se negocian contratos con compañías para desarrollar proyectos energéticos cuyo costo va muy por encima del valor dado en el mercado de ese mismo producto (Negociado de Energía de Puerto Rico, 2020).
En muchas ocasiones, se entiende que las personas que deben tomar las decisiones sobre estos procesos son sólo los profesionales del área de energía. Sin embargo, una persona que vive cerca de una planta de carbón no necesita tener un grado académico para saber que la producción de cenizas de carbón afecta su salud. El deterioro paulatino de su salud será el indicador por excelencia. Claramente, la política pública no se puede dejar llevar por un caso en específico, sino que se deben hacer estudios exhaustivos que demuestren que en efecto la salud de las personas y del medio ambiente se están afectando. No obstante, reportes en Puerto Rico (Alfonso, 2019) y en el exterior (Sears y Zierold, 2017) muestran lo que por décadas comunidades han alertado sobre los efectos del uso de carbón y se hace caso omiso debido a que estas comunidades no tienen un peritaje en los temas energéticos.
Conclusión
Hay que reconocer que, aunque Puerto Rico históricamente no ocasiona el cambio climático, le toca buscar alternativas de mitigación y adaptación a los sistemas energéticos que vayan más allá de la transformación de energía hacia las energías renovables y sistemas de almacenamiento. La crisis climática vino para quedarse y nos toca responder de manera urgente. En el sector energético, la transición justa implica, como lo expresa Pablo Bertinat (2016) en la cita que abre este ensayo, múltiples cambios profundos a la vez: desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, y democratizar. Se debe procurar ver la energía como un derecho humano que responda a las necesidades de tener un sistema confiable, económico y seguro para la población y el ambiente. Debemos diseñar proyectos energéticos de país en los que todas las personas tengan acceso a informarse y a participar en la toma de decisiones. Es importante velar que nuestras acciones no afecten a otros países y tampoco a las futuras generaciones, repensar los modelos económicos actuales, y perseguir aquellos donde la justicia energética, social y ambiental estén en el centro de los discursos para construir un nuevo futuro.
Referencias
Abruña, F. (2005). Casa Ausente. Diseñar, construir y vivir en una Casa Ecológica. San Juan, Puerto Rico: Editorial A…Z:0…9. URL: https://www.abrunaandmusgrave.com/free-downloads/05-LIBRO-Casa-Ausente-en-PDF-VF.pdf
Alfonso, O. (2019). Viven y juegan entre el arsénico de las cenizas de AES. Centro de Periodismo Investigativo, 20 de agosto. URL: https://periodismoinvestigativo.com/2019/08/viven-y-juegan-entre-el-arsenico-de-las-cenizas-de-aes/
Bertinat, P. (2016). Transición energética justa: Pensando la democratización energética. Análisis, No. 1, URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/13599.pdf
Carbon Brief (2013). Climate Rhetoric: What’s an energy trilemma? URL: https://www.carbonbrief.org/climate-rhetoric-whats-an-energy-trilemma
CEPAL, (2018). Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
CMNUCC – Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015). Acuerdo de París, Artículo 2, página 3. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
FEMA (2018). Natural Hazard Mitigation Saves Interim Repor. URL: https://www.fema.gov/media-library-data/1528732098546-c3116b4c12a0167c31b46ba09d02edfa/FEMA_MitSaves-Factsheet_508.pdf
Green Climate Fund. (2019). Eficiencia energética para la industria y los aparatos eléctricos. URL: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/directrices-te-cnicas-del-sap-eficiencia-energe-tica-para-la-industria-y-los-aparatos-ele-ctricos.pdf
Institute for Energy Research. (2020). History of Electricity. URL: https://www.instituteforenergyresearch.org/history-electricity/#:~:text=Affordable%2C%20reliable%20electricity%20is%20fundamental,with%20our%20smartphones%20and%20computers.
IPCC – Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2018). Special Report: Global Warming of 1.5C. Summary for Policymakers. URL: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
Kishore, N. et al (2018). Mortality in Puerto Rico After Hurricane Maria. The New England Journal of Medicine, Vol. 379, Num. 2, pp. 162-170. URL: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMsa1803972?articleTools=true
Naciones Unidas- Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. (1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. URL: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
Naciones Unidas – Asamblea General (2010), Resolución A/RES/64/292 – The human right to water and sanitation. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/64/292.
Negociado de Energía de Puerto Rico. (2020). Resolución final y orden sobre el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, páginas 115-116. URL: https://aeraprcom.files.wordpress.com/2020/08/2020-08-24-pir-final-resolution-and-order.pdf
Roser, M (2020). Why Did Renewables Become so Cheap so Fast? And What Can We Do to use this Global Opportunity for Green Growth? Our World in Data, 1 de diciembre. URL: https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth.
Siemens Industry (2018) PREPA 2018-2019 IRP: Stakeholder Meeting. URL: https://aeepr.com/es-pr/QuienesSomos/Ley57/Plan Integrado de Recursos/Plan Integrado de Recursos (IRP 2019) Stakeholders Presentation 20190312.pdf
Queremos Sol (2019). Queremos Sol: Sostenible, Local y Limpio, página 5. URL: www.queremossolpr.com
Sovacool, B. (2013). Energy and Ethics: Justice and the Global Energy Challenge. Nueva York: Palgrave Macmillan, pp. 218-227.
Sears C. y Zierold K. (2017), Health of Children Living Near Coal Ash. Global Pediatric Health, Vol. 4. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5533260/
Sosa Pascual O., y Wiscovitch Padilla, J. (2017). Caos en los hospitales “operacionales” Centro de Periodismo Investigativo, 9 de octubre. URL: https://periodismoinvestigativo.com/2017/10/caos-en-los-hospitales-operacionales/
UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021) Concept of Governance. URL: http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance
UN-OHRLLS – United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (2015) Small Island Developing States in Numbers. Climate Change Edition 2015. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2189SIDS-IN-NUMBERS-CLIMATE-CHANGE-EDITION_2015.pdf
US Energy Information Administration (2020) Puerto Rico Territory Energy Profile. URL: https://www.eia.gov/state/print.php?sid=RQ
US Energy Information Administration (2020). Natural Gas Explained. URL: https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/factors-affecting-natural-gas-prices.php
World Resources Institute, (2017). The Top 10 GHG Emitters Contribute Over Two-Thirds of Global Emissions. URL: https://www.wri.org/blog/2020/12/interactive-chart-top-emitters
World Energy Council (2020) WEC World Energy Trilemma Index 2020. URL: https://trilemma.worldenergy.org/reports/main/2020/World%20Energy%20Trilemma%20Index%202020.pdf