Introducción

Editores
Gustavo García López
Federico Cintrón Moscoso
Amy Orta

Artes
Garvin Sierra
Simona Clausnitzer

Entrelazando propuestas de acción ante la crisis climática: Elementos de un nuevo Pacto Eco-Social en Puerto Rico

La crisis climática amenaza la vida en Puerto Rico y el mundo. Según los estudios científicos, nos quedan menos de diez años para lograr transformaciones profundas en nuestra sociedad que reduzcan dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y nos ayuden a adaptarnos a los impactos de las catástrofes climáticas. El último informe del Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático (IPCC) de marzo de 2022, alerta sobre lo rápido que se está acabando el tiempo para actuar y documenta las consecuencias nefastas de la inacción (IPCC, 2022). El informe apunta además a la gran desigualdad e injusticia de esta crisis entre una minoría que genera la mayor cantidad  de GEI, principalmente en los países más ricos del Norte, y el resto de la población mundial , principalmente en los países del Sur, que contribuye significativamente menos, pero sufre y sufrirá las peores consecuencias de esta catástrofe. 

El calentamiento global y sus repercusiones  son producto de la interrelación de múltiples sistemas sociales de opresión y desigualdad  y de una economía capitalista enfocada en acumular riquezas  a toda costa, sin límites, por medio de la explotación y el despojo. Las intersecciones de estas complejas  dimensiones se han hecho cada vez más profundas y evidentes en los últimos años, incluyendo durante la más reciente pandemia de COVID-19. 

Ante este escenario, son necesarias transformaciones sistémicas que confronten el modelo político, social y económico dominante, y construyan mundos más ecológicos, democráticos y justos, donde podamos tener la vida digna que todes merecemos.   Esto implica estrategias y acciones que se alejen de los paradigmas lineales del desarrollo como progreso material y crecimiento económico, y enfoquen en vez en el bienestar, la igualdad, y la sustentabilidad ecológica. Precisamos atender los problemas climáticos/ambientales y sociales simultáneamente, reduciendo dramáticamente las  emisiones de carbono, mientras  protegemos la biodiversidad y proveemos vivienda y empleo digno, alimento saludable, educación pública de calidad, tiempo suficiente de descanso y otras condiciones esenciales que aseguren la calidad de vida y el buen vivir.  La acción climática, en otras palabras, precisa de justicia social, tanto dentro de cada país, como entre países.

En años recientes estas demandas se han agrupado  bajo diversos términos, como  “justicia climática”, “transiciones justas”, “Green New Deals”, y “nuevos pactos ecosociales”, entre otros. No obstante, el “mainstream” político neoliberal, liderado por  gobiernos y corporaciones que se benefician del continuo desarrollo de la industria fósil, han cooptado estos conceptos quitándoles su contenido político más radical. Esta estrategia les ha permitido continuar su “business as usual” y sostener su poder sin  tomar en consideración el bien común ni las necesidades y visiones de las comunidades más impactadas. 

Este libro se inspira en estos debates para reflexionar sobre estos temas en el contexto de Puerto Rico.  Si bien es cierto que los territorios insulares serán los más afectados  por el calentamiento global, el pasado y presente colonial de naciones como Puerto Rico presentan desafíos socioeconómicos particulares que las convierten en los lugares más vulnerables del planeta (IPCC, 2022, Veron etal, 2019). Puerto Rico hoy enfrenta una deuda pública impagable que asciende aproximadamente a $74 mil millones, una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, falta de transparencia e instituciones democráticas confiables, brechas significativas en datos científicos, y marcos legales conservadores que limitan nuestra capacidad de adaptación. El legado del colonialismo que aún opera en el archipiélago, continúa reproduciendo un sistema social, racial y económico de explotación, contaminación y desregulación que perdura desde hace varios siglos. Esta situación nos ha dejado con una estructura gubernamental críticamente desposeída y corrupta; un 45% de la población por debajo del nivel de pobreza (incluyendo un 60% de la niñez); un ingreso familiar medio de cerca de $21,000 anuales (menos de la mitad de la media en Mississippi, el estado más pobre en los Estados Unidos); y una disminución en la población de aproximadamente 12% en los pasados diez años (US Census, 2020), debido principalmente al deterioro de la economía y la calidad de vida, así como a los impactos del clima extremo. Según el relator especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Puerto Rico tiene un déficit fiscal y de derechos políticos que demuestran su condición colonial y su falta de autonomía (Naciones Unidas, 2018). Una de las consecuencias más generalizadas de este régimen ha sido la devaluación, criminalización e invisibilización de la cultura puertorriqueña, el territorio nacional, las prácticas ancestrales y los sistemas de conocimiento que rechazan o cuestionan las lógicas de explotación que asfixian al planeta y continúan expulsandonos de nuestro territorio.

Sobre Transiciones Justas y Nuevos Pactos Eco-Sociales

Las Transiciones Justas se refiere a un marco para pasar de la economía extractiva capitalista actual (basada en el lucro y el crecimiento), a una economía regenerativa (ecológicamente sustentable, equitativa, y justa para todos sus integrantes). Gerardo Honty y Eduardo Gudynas (2014) explican que “[e]n las transiciones, los límites ecológicos del planeta Tierra son el marco irreductible para el desarrollo de la vida, la economía y las sociedades humanas”.  La construcción de esta economía regenerativa requiere estrategias para democratizar, descentralizar y diversificar las actividades económicas mientras disminuimos el consumismo, y (re)distribuimos los recursos y el poder. Iniciativas de transición justa enfocan por ende en “cambiar de producir energía sucia a producir democracia energética, del financiamiento de carreteras a la expansión de transporte público, de incineradores y vertederos a llegar a cero residuos, de sistemas alimentarios industriales a la soberanía alimentaria, del aburguesamiento a los derechos comunitarios a la tierra, y del desarrollo destructivo descontrolado a la restauración del sistema ecológico”, en resumen, moverse “de los tanques y bancos a la cooperación y el cuidado”  (Movement Generation, 2016). Como dice el lema acuñado por movimientos de justicia climática, la transición es inevitable, pero la justicia no lo es: tiene que haber justicia tanto en los resultados, como en las formas de alcanzarlos (Climate Justice Alliance, 2019); justicia sobretodo para les trabajadores de industrias de combustibles fósiles y otras asociadas que tendrán que desaparecer por la transición, y para las comunidades (principalmente negras, campesinas, indígenas) que han sido más impactadas por décadas de explotación y contaminación de estas mismas industrias.


Fuente: Movement Generation (2016), CJA (2019)

La idea de transición justa tiene diferentes raíces y vertientes, que proponen diferentes grados de transformación social. Por un lado están aquellas propuestas que buscan ligeros acomodos del sistema capitalista actual y, por otro lado, se encuentran alternativas más radicales que apuntan al cambio fundamental de elementos constitutivos de la sociedad como la conocemos. Sin embargo, el conjunto de propuestas incluidas dentro del concepto de transiciones justas tienen en común la necesidad de alcanzar tales cambios a través de la transformación de  nuestras prácticas cotidianas, y de la construcción de alternativas de economía regenerativa/solidaria/ecológica, a la vez que se resiste y detiene la economía extractivista (Climate Justice Alliance, 2019). La transición tiene por tanto que ser intersectorial e interseccional. Intersectorial en el sentido de atravesar diversos  sectores tanto de la producción, como del consumo. Así, implica la integración de políticas energéticas, económicas, educativas, de vivienda y transportación, de planificación del uso de suelo, de agricultura, y de salud, entre otras. De igual forma, es un asunto interseccional ya que entrecruza problemáticas y luchas de clase, feministas, anti-racistas, anti-imperialistas, y de justicia ambiental. 

El “Green New Deal” por su parte se ha definido como una visión estratégica y una propuesta programática (de políticas públicas) para transicionar hacia una economía libre de carbono que disminuya los peores efectos de la catástrofe climática, y a su vez atender la crisis económica y de desigualdad. Esto conlleva una transición energética hacia un sistema 100% renovable, junto a una garantía de empleo con sueldos dignos (living wages), otras medidas para fortalecer los derechos laborales, y políticas para garantizar la justicia social hacia la clase trabajadora y las comunidades históricamente marginadas y afectadas por la contaminación. Otras políticas que se mencionan en conjunto a los GND incluyen fortalecer la vivienda pública y mejorar su eficiencia energética,  expandir la transportación pública, un ingreso básico universal, y una reforma tributaria progresiva. A nivel internacional, se propone además que el GND sirva como una medida de mitigación de la deuda climática que los países ricos tienen con los países del sur global. 

El concepto de GND ha captado gran atención en el debate político en Estados Unidos (DSA, 2019), Inglaterra (Labour for a GND, 2021), y la Unión Europea (DiEM25, 2019). Si bien fue inicialmente popularizado por un movimiento ambiental principalmente blanco y de clase media de Estados Unidos  (Sunrise), fue rápidamente reinterpretado por movimientos de justicia climática de base, quienes enfatizan que las políticas de transición justa y nuevos tratos verdes deben centrarse en aquellas comunidades que sufren las peores consecuencias de la crisis climática, y que están liderando soluciones de economías ecológicas y solidarias, democracia popular/directa, y abolición de las opresiones raciales y de género. Hablan así de Nuevos Pactos “Verdes, Negros y Rojos” (Movement for Black Lives, 2021), “de la gente” (Ajl, 2021; Science for the People, 2020), “Indígenas” (Indigenous Environmental Network, 2019; The Red Nation, 2020), y de las comunidades “de primera línea” (the frontlines) (Climate Justice Alliance, 2019). Más recientemente, las ideas de GND (y TJ) también ha sido movilizada desde otras latitudes de los Sures del mundo.

Una perspectiva Latinoamericana 

Las discusiones sobre transiciones justas y nuevos tratos verdes han sido muy enfocadas en los países y regiones más ricos , aunque esto está cambiando rápidamente. Desde Latinoamérica, las discusiones integran perspectivas críticas propias de estas regiones. Asuntos de (neo)colonialismo y extractivismo1, deudas, y perspectivas decoloniales, indígenas, feministas y negras, ancladas en territorios particulares, se tornan centrales. 

En Colombia, compañeras de la organización CENSAT Agua Viva/ Amigxs de la Tierra vienen hace una década desarrollando su modelo de transiciones energéticas justas. Enfatizan la transición como un proceso en “presente continuo” y una encrucijada o campo en disputa, de lucha política, en el que las organizaciones que reclaman la justicia ambiental tienen una responsabilidad de involucrarse e incidir en ella. Sitúan la lucha por la transición energética con la lucha por la soberanía de territorios y plantean que una transición justa tiene que ser post-extractivista (Caro Galvis, 2021; CENSAT- Agua Viva, 2021). En Argentina, el Taller Ecologista de Rosario nos recuerda que pensar las transiciones justas “es hablar de recursos, políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, medioambiente, derechos humanos, estrategias empresariales, avances tecnológicos, diversificación productiva… y distribución de la riqueza…” (Bertinat, 2016, p. 1). En resumen, como lo plantea Pablo Bertinat (2016), una transición justa debe incluir no solo descarbonizar, sino desprivatizar, desmercantilizar, democratizar, y descentralizar, y añade Catalina de Onís, descolonizar (de Onís, 2022).

A nivel regional, diversos colectivos eco-sociales se han unido en el Pacto Ecosocial del Sur para Latinoamérica y el Caribe (2019)2. El nombre refleja la propuesta de integración de la justicia social y la ecología, y de la relación inseparable entre cuerpos y territorios3, que surge desde los movimientos de justicia ambiental y autonomía, en contra de la extracción y explotación de la vida. El Pacto además incluye entre las propuestas centrales, asuntos que resuenan mucho hoy día en Puerto Rico: anular la deuda externa, como un “primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia”4; priorizar la soberanía alimentaria por medio de la agroecología, lucha que surge particularmente del campesinado en Latinoamérica, África y Asia; y construir economías y sociedades postextractivistas, con una transición profunda “hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, desmercantilizadas y democráticas” (Pacto Ecosocial del Sur, 2019). 

Desde otros sures también se plantean visiones emancipadoras de estos nuevos pactos eco-sociales. En Suráfrica, COPAC, que ha elaborado la Campaña por la Soberanía Alimentaria y el Pacto de Justicia Climática, propone una “transición justa profunda” para enfatizar la necesidad de cambios radicales en nuestros sistemas político-económicos (Bennie y Satgoor, 2018; COPAC, 2019). Su análisis vincula la lucha por la justicia ‘de la tierra’ (land justice) con la lucha por la justicia climática, incluyendo la reforma agraria y la agroecológica campesina (COPAC, 2019). 


Una perspectiva desde el territorio borinqueño


Arte: Simona Clausnitzer (2020)

Aun cuando los términos arriba discutidos llevan circulando entre diferentes sectores locales desde hace algunos años, este libro es quizás el primer esfuerzo concertado de invitar a pensadores, investigadores, políticos, líderes comunitarios, y activistas a hablar de transiciones justas en Puerto Rico. El libro es la consecución de iniciativas previas por El Puente y Junte Gente para avanzar y profundizar estos debates con una red amplia de colaboradores y aliades. La historia de luchas políticas contra desastres ambientales y otras injusticias vinculadas al colonialismo es larga y combativa en Boriquén, incluyendo la resistencia al desarrollo e impactos de múltiples industrias extractivistas como la militar, minera, fósil, manufacturera, farmacéutica, turística y agroindustrial. Estos desarrollos han provocado otras calamidades asociadas como el desparrame urbano y la deforestación, la destrucción de ecosistemas sensitivos como manglares, arrecifes y cuencas hidrográficas, y la contaminación del aire, el suelo y el agua, sobre todo en las comunidades más cercanas a estos focos de explotación. El impacto negativo a la salud pública y el empobrecimiento de la sociedad son también el resultado de estás políticas públicas que se buscan transformar desde la justicia y la equidad. Las discusiones presentadas en este volumen tienen por lo tanto un profundo sentido del lugar, la historia y la cultura, así como un compromiso con la autodeterminación y el respeto por la diversidad. Cuando luchamos por legitimar soluciones locales a problemas sistémicos, éstas se vuelven no sólo relevantes, sino también fuente de poder político. 

La memoria reciente del huracán María en 2017, nos recuerda que el impacto más devastador de ese momento resultó de la incapacidad del gobierno de ayudar a la gente. Fue el huracán de mayor intensidad en la historia de Puerto Rico; hubo escasez de agua y comida por meses; el servicio eléctrico tardó en restaurarse hasta un año para el 20% de la población más vulnerabilizada; cientos de miles de personas abandonaron la isla; y cerca de 3,000 personas fallecieron por falta de electricidad y cuidados médicos. Sin embargo, el sentimiento de abandono obligó a las personas a mirar hacia adentro y a su alrededor, y atender la realidad por sí mismas. Las comunidades que ya estaban organizadas y las organizaciones como El Puente y otras representadas en este volumen, con redes multisectoriales y transnacionales, utilizaron su conocimiento y sus contactos para asistir en la recuperación. Sabíamos cómo cuidarnos unos a los otros, cómo encontrar recursos escasos, cómo organizar el acervo humano y cómo identificar las amenazas y oportunidades que se iban presentando. Se rescataron pozos antiguos en desuso para extraer agua limpia. Se recuperaron viejos caminos para comunicarse con el exterior. Se  construyeron puentes temporeros sobre carreteras colapsadas y, una vez fue posible, activamos redes locales y en el exterior para recolectar, transportar y distribuir los bienes más necesarios. Al momento de publicar estas letras, existe un consenso generalizado de que fue la colaboración entre sectores y la autogestión, contrario a iniciativas tradicionales y centralizadas dirigidas por el gobierno, lo que logró salvar vidas y encaminar la recuperación. 

Dos años más tarde, en 2019, ese mismo empoderamiento colectivo y la indignación por el maltrato gubernamental, finalizó con la expulsión del gobernador Ricardo Rosello. La renuncia del gobernador parecía darle esperanza a la gente de que un país diferente era posible. Las personas comenzaron a reunirse en las plazas públicas y centros comunales de todo el archipiélago. Se discutían abiertamente problemas locales y regionales y las posibles soluciones para atenderlos. Existía un tipo de euforia colectiva que de alguna manera contrarrestaba el sentimiento de desesperación provocado por la inseguridad vivida luego de la tormenta. 

Uno de los resultados de esos esfuerzos de solidaridad y autodeterminación, que además ha continuado floreciendo durante la pandemia de COVID-19, ha sido la expansión del movimiento de soberanía alimentaria que continúa desarrollando sus propias instituciones endógenas para la producción, distribución y consumo de productos locales. Este ecosistema incluye centros de formación, restaurantes, bancos de semillas, mercados de temporada y tiendas itinerantes. Además, se han desarrollado redes alternas para la entrega y distribución de bienes que retan la lógica de los sistemas corporativos de distribución. Estas redes también coordinan campañas solidarias para atender las fincas, especialmente después de eventos climáticos extremos y están realizando investigaciones en asociación con universidades para comprender mejor las especies locales y su resistencia a los cambios en los patrones del clima. Este movimiento también ha inspirado a muchas familias a iniciar sus propios huertos caseros, revitalizando la antigua práctica de las “huertas” domésticas y comunitarias que han sido cruciales en la historia de subsistencia de la región del Caribe. 

Para este y otros movimientos de justicia social que encontrarán en los capítulos siguientes, la defensa del territorio constituye un asunto central.  Por un lado, el territorio está amenazado por incentivos al capital foráneo que aceleran la venta de recursos locales a manos extranjeras, la eliminación de seguridades sociales y la expulsión de residentes de sus comunidades. Por otro lado, la subida del mar está causando pérdidas de propiedades y la relocalización de personas e infraestructura crítica, como hospitales, escuelas, plantas de generación de energía, aeropuertos y lugares históricos y arqueológicos. Adicionalmente, 62% de la población vive en estas zonas costeras amenazadas, donde además se encuentra el 44% de las tierras agrícolas productivas—las que ya comienzan a tener comprometidas sus principales fuentes de agua debido a la salinización de los acuíferos y el aumento en los periodos de sequía.

De estos momentos convulsos, pero de mucha esperanza y resistencia colectiva, es que surge la intención de co-construir un manuscrito como este. Las  propuestas aquí expuestas surgen del trabajo que diversas organizaciones han ido desarrollando en nuestra geografía  en los últimos años alrededor de la  justicia ambiental y climática, la transición energética, la autogestión comunitaria, la agroecología y soberanía alimentaria, el derecho a la ciudad, y la recuperación justa, entre otros. Además, las iniciativas incluidas tienen en común que sostienen diálogos y colaboraciones con esfuerzos más amplios a nivel nacional, regional y global. 

Aun cuando fue imposible incluir en este tomo todos los esfuerzos que se están dando en Puerto Rico para adelantar los principios esbozados aquí, nos parece importante reconocer que existen otras iniciativas importantes gestándose en la actualidad que también han servido de inspiración y motivación a este proyecto: Agua, Sol y Sereno, Alianza Pro Desarrollo Económico de Ceiba (APRODEC), Amigxs del M. A. R., Asociación Recreativa y Cultural del Barrio Mariana (ARECMA), Bosque Modelo de Puerto Rico, Brigada Puerta de Tierra, Brigada Solidaria del Oeste, Casa Pueblo, Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL), Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables de Yauco Inc. (CMTAS), Colectivo Ilé, Colmena Cimarrona, Comité de Fe de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, Comuna Caribe, Corporación Cultural, Educativa y de Estudios Interdisciplinarios (CEDEI), Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda Pública, Güakiá Colectivo Agroecológico, Huerto Semilla-UPRRP, Impacto Juventud-UPRM, Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), Instituto del Karso de Puerto Rico y del Caribe, Instituto para la Investigación Socio-Ecológica, Instituto Transdisciplinario de Investigación-Acción Social, Mujeres de Islas, Observatorio de Acción Climática Ahora, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, Papel Machete-Agitarte, Proyecto Agroecológico El Josco Bravo,  Proyecto de Apoyo Mutuo Marianas y otros dentro de la Red de Apoyo Mutuo, Pueblo Crítico, Queremos Sol, Sierra Club, Taller Comunidad La Goyco, Y No Había Luz, entre otros. 

Estas iniciativas se vinculan a diversos reclamos como la democratización de la toma de decisiones, las exigencias a las agencias ambientales y de planificación para que cumplan su deber de proteger el medioambiente, la auditoría de la deuda y el fin de la Junta de Control Fiscal, el cierre de la carbonera Applied Energy Systems y el fin de la quema de carbón, el rechazo a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica , la implantación de la propuesta de energía solar democrática y pública de Queremos Sol, la defensa de las costas, la protección de los bienes comunes, la autogestión, la economía circular y solidaria, y el ecofeminismo. Estos esfuerzos organizativos y de construcción de poder también están unidos por un profundo sentido del lugar (“place-based”) y la integración de la cultura y el arte como vehículos de expresión y transformación social. Los conocimientos y las prácticas contra-hegemónicas que van surgiendo de estas luchas representan una colección diversa de experiencias humanas valiosas para la solución de estos problemas complejos y sus intersecciones, ya sea el cambio climático, la pobreza, el racismo, la violencia de género, o el colonialismo.


Garvin Sierra (2021)

Objetivos y estructura del libro

Este libro busca influenciar el debate político actual en Puerto Rico, trayendo al centro de la discusión el concepto y las prácticas de transiciones justas (TJ como elemento central de cualquier plan de gobierno).  El objetivo además es ayudar a esbozar lineamientos que sirvan para orientar la política pública y visibilizar distintas iniciativas y modelos que han surgido de los movimientos sociales bajo un marco programático concreto que aspira a un Nuevo Pacto Ecosocial. Buscamos, además, presentar el tema de forma accesible para una audiencia amplia con el fin de provocar mayores discusiones e incitar a la acción colectiva y solidaria. 

Cada persona o grupo que colaboró en el libro fue invitada a reflexionar sobre las siguientes preguntas guías: ¿Qué relevancia tienen las propuestas existentes de transiciones justas para Puerto Rico? ¿Partiendo de su experiencia de trabajo, cuál es la visión de país que emerge desde esta perspectiva y los objetivos y elementos centrales de una campaña por un Nuevo Pacto Ecosocial para Puerto Rico? ¿Cómo podemos adelantar esa visión alternativa de país, y lograr cambios fundamentales en las políticas (sociales, económicas, ambientales) existentes, de forma que los elementos/reclamos centrales de ese Nuevo Pacto se hagan realidad?

Estas preguntas están entrelazadas por cuatro ejes transversales. El primero es el contexto colonial/imperial global y local y las luchas por la descolonización – de territorios, de conocimientos, de formas de vida. Sabemos que la crisis climática es también la crisis del colonialismo, su historia de explotación, racismo, y guerra y las desigualdades y devastación globales que ha generado. Estos planteamientos se vinculan con discusiones actuales sobre la necesidad de descolonizar los estudios y la praxis de la justicia ambiental, el “desarrollo”, y la gestión de desastres, desde diversas geografías y perspectivas. 

El segundo eje es las formas solidarias de autogestión para reproducir la vida: desde las labores de cuidado, salud, y educación, hasta la vivienda y la producción, distribución y consumo de alimentos. En otras palabras, pensamos la justicia climática y la transición justa en relación con la tierra, la soberanía y la creación de bienes comunes, como una forma de cuidar los territorios y nuestras familias humanas y no humanas, de forma democrática, equitativa y libre. El tercer eje es la perspectiva interseccional del bienestar social y la equidad. Entiéndase, nuestros análisis, propuestas y acciones deben vincular las dimensiones diversas de opresión, diferencia, identidad, incluyendo raza, género, clase, colonialidad. El último eje es una visión ecológica y a su vez política: la necesidad imperante de un paradigma que ponga la ecología y la justicia social al centro de todas nuestras acciones, que en vez de contaminar y explotar, logre regenerar y sustentar. Es una propuesta de la vida por encima de la muerte. 

Nuestro libro contiene una colección de ensayos que atienden estas preguntas y sus ejes, desde diversos sectores y distintos abordajes. En su conjunto, nos traen una rica diversidad de reclamos para la transición hacia un mundo de justicia social y sostenibilidad ecológica: propuestas ecosocialistas para el Green New Deal, basadas en el principio de la gente y el ambiente por encima del lucro (Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico- Rio Piedras); el ecofeminismo y Buen Vivir, con la defensa y expansión de los bienes comunes y una vida digna dentro de los límites del planeta (Mariolga Reyes, del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible); la transición energética con la energía como derecho humano y el trilema de confiabilidad, equidad y sustentabilidad (Amy Orta Rivera, de El Puente); la gestión de paisajes sostenibles basada en integración de diversos actores y usos agro-forestales (Edgardo González, del Centro para la Conservación del Paisaje); el modelo de Residuos Cero que promueve la reducción de la producción y consumo, junto con la expansión de reutilización y reciclaje (Natalia Pagán Reyes, de la Universidad del Sagrado Corazón); las economías ecológica, circular, regenerativa y de la compasión, que sustituyen el crecimiento de la economía con el mejoramiento de la calidad de vida (Ivonne Díaz, del Departamento de Economía, Universidad de Puerto Rico- Mayagüez); la educación liberadora, para la paz, los derechos humanos y la sustentabilidad (Anita Yudkin, de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, Universidad de Puerto Rico- Río Piedras); un marco jurídico transformador que reconozca la interdependencia, derechos de la naturaleza, la propiedad colectiva y el derecho a la ciudad (Érika Fontánez, de la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico); la perspectiva interseccional, que pone al centro la raza y el género para la justicia social y ambiental (Bárbara Abadía Rexach, de la Universidad Estatal de San Francisco y del Colectivo Ilé); la vagancia cuir y el postrabajo para superar la explotación y enajenación del productivismo utilitarista (Mabel Rodríguez, del Programa de Género, Universidad de Puerto Rico- Río Piedras); la política demográfica justa, que trascienda el enfoque en el crecimiento poblacional, y asuma los cuidados de una población envejeciente (Luis Avilés, de la Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico); la planificación de la movilidad sostenible por medio de políticas de transportes colectivos y densificación urbana (Norma Peña y Kathleen Ramos Justino, de la Escuela Graduada de Planificación, Universidad de Puerto Rico); las medidas para adelantar una agricultura ecológica, como modelo alimentario regenerativo y emancipatorio (Katia Avilés, del Instituto para la Agroecología y Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, Ivette Perfecto, de la Universidad de Michigan, Carol Ramos, de la Universidad de Buffalo, y Warys Zayas, del Hispanic Federation); las estrategias de la salud pública ante el cambio climático (Pablo Méndez, de la Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, y del Consejo Asesor de Cambio Climático); y las políticas para una recuperación justa y el derecho a la vivienda ante los desastres (Ariadna Godreau y Verónica González, de Ayuda Legal Puerto Rico). Contamos también con dos prefacios que conectan estas perspectivas con los movimientos por transiciones justas y buen vivir en Colombia (Tatiana Roa Avendaño, de CENSAT- Agua Viva); y los movimientos por justicia social y climática y la soberanía alimentaria en las Américas (Jovanna García Soto, de Grassroots International) .

Estos ensayos están acompañados por una serie de ilustraciones de diversos artistes quienes en diálogo con cada escrito nos invitan a pensar y sentir estos temas desde otras miradas: Simona Clausnitzer (en este ensayo introductorio); la colectiva Bemba PR (en Un Marco Legal para un Nuevo Tratado Ecosocial, y en Transiciones justas y postrabajo o vagancia cuir y porvenir); el colectivo Moriviví con Sharon González Colón (en Cosechando Libertad: Un sistema alimentario regenerativo emancipatorio para un nuevo Puerto Rico, y en Salud y cambio climático: Desafíos para la calidad de vida y el bienestar social) y Raysa Rodríguez García (en Salir de esta cosa escandalosa: Reflexiones ecofeministas decrecentistas para vivir bien); Camilo Carrión de Taller La Yuma (en Visión, manejo y conservación del paisaje para una Transición Justa y en El estorbo de una demografía injusta para una transición justa); Garvin Sierra de Taller Gráfico (en Catorce tesis sobre el capitalismo, el Green New Deal y Puerto Rico y en Hacia nuevos pactos ecosociales para el consumo de recursos y gestión de residuos sólidos); Molly Crabapple (en La recuperación posible: vivienda digna tras desastres); Clara García Meléndez (en Interseccionalidades de Raza y Género en las Transiciones Justas); Gabriela Ennich Díaz (en Economías para el bienestar: modelos y estrategias para una transición justa); y Estefanía Rivera Cortés de AgitArte/Papel Machete (en Educar hacia otro mundo posible: Lineamientos para pensar y actuar, en Energía y Transiciones Justas y en Generando un sociedad más justa y equitativa transformado la movilidad social desde la transportación). 

Concluimos con una nota de gran agradecimiento y aprecio por todas las personas y entidades que han contribuido de diversas formas a este proyecto y lo han hecho posible: les colaboradores de ensayos y artes del libro; les compañeres de trabajo en JunteGente y El Puente, por provocar, contribuir y sostener estas conversaciones a través de los años; las fundaciones Grassroots International, Community Foundation of Western Nevada, y el Fondo Building Equity and Alignment for Impact (BEAI), las cuales proveyeron apoyos económicos; y todas las organizaciones aliadas que co-inspiran en el día a día por un mundo más justo y ecológico.

Notas al calce

  1. El “extractivismo”, concepto desarrollado por científicos sociales de América Latina, se refiere a un sistema político-económico orientado a la explotación intensiva de materias primas (como minerales, petróleo, carnes, soja, o madera) principalmente para exportación, como elemento central de la política económica. Está basado en la privatización de bienes comunes, típicamente en comunidades indígenas y campesinas. Ver Svampa (2019).
  2. Colectivos regionales en el Pacto incluyen el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Colectivos nacionales incluyen el Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista de Rosario en Argentina, la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil, la colectiva Feminismo Comunitario AntiPatriarcal y Tejido de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile, CENSAT Agua Viva y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Acción Ecológica y el Colectivo Geografía Crítica en Ecuador, y Red de Feminismos Decoloniales y Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca (CORASON) en México.
  3. El cuerpo-territorio y territorio-cuerpo, es el espacio de integración entre procesos sociales y ecológicos, o sea, entre las personas (cuerpos) sus vínculos interpersonales, y las formas de sustento en una comunidad, y las relaciones ecosistémicas y los seres no-humanos que sostienen la vida. Allí se manifiestan las dinámicas extractivistas y sus violencias, así como las resistencias y alternativas a ellas se manifiestan. La recuperación/re-existencia de ese espacio de vida está basado en una praxis (práctica + reflexión) del día a día, como parte de un proyecto político eco-feminista, comunitario y decolonial. Ver Colectivo Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo (2017).
  4. La deuda ecológica es la obligación y responsabilidad que tienen los países ricos del Norte por la destrucción del planeta, producto su modelo de acumulación de riquezas por medio de la colonización, el saqueo y usufructo de los bienes comunes de los países del Sur y del mundo, incluyendo combustibles fósiles, la tierra y los bosques, conocimientos ancestrales, bienes marinos, y la atmósfera; y reproducidos por medio de una globalización hecha a la medida de los países ricos, con un intercambio ecológico y económico altamente desigual. El concepto fue desarrollado por la organización Acción Ecológica en Ecuador como una herramienta “de reivindicación y de defensa de la soberanía energética, alimentaria, económica de nuestros países.” Hoy en día también se habla de deuda climática, como una deuda adicional a la social y ecológica que tienen los países ricos por los daños causados por el calentamiento global, siendo ellos los principales causantes históricos de este problema. Ver Borras (2016), Bullard (2010).

Referencias

Ajl, Max (2021) El Nuevo Pacto Verde de los Pueblos: Obstáculos y perspectivas. Cuadernos de Economía Crítica, 7(14), 163-173. URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8006115.pdf 

Bennie, A., & Satgoor, A. (2018). Deepening the just transition through food sovereignty and the solidarity economy. In V. Satgar (Ed.), The climate crisis: South Africa and global democratic eco-socialist alternatives (pp. 293–313). Johannesburg: Wits University Press.

Bertinat, Pablo (2016) Transición energética justa: Pensando la Democratización Energética. Análisis, No. 1. Friedrich Ebert Stiftung. URL: https://tallerecologista.org.ar/publicacion/transicion-energetica-justa/

Borras, Susana (2016) Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario internacional del cambio climático. Relaciones Internacionales, 33, 97-119. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676959/RI_33_6.pdf?sequence=1 

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