Nuevos pactos ecosociales en el consumo de recursos y gestión de residuos sólidos en Puerto Rico

Texto
Natalia Arelys Pagán Pérez

Arte
Garvin Sierra / Taller Gráfico

Nuevos pactos ecosociales en el consumo de recursos y gestión de residuos sólidos en Puerto Rico

Introducción 

El sistema productivo actual caracterizado por el capitalismo ha priorizado la extracción continua de recursos naturales para mantener precios competitivos sin considerar las externalidades asociadas. El costo social y ambiental provocado por la economía lineal ha inducido consecuencias climáticas y ha comprometido derechos humanos en Puerto Rico que exigen súbita atención. Actualmente el consumo de recursos a nivel mundial representa 75 % más de los recursos naturales que de lo que se está regenerando cada año. Este consumo por recursos escasos está proyectado a aumentar durante las próximas décadas (Global Footprint Network, 2020). La transformación del modelo económico que compromete los recursos de futuras generaciones requiere estudiar las necesidades de un país en desarrollo, casos de estudio y propuestas sostenibles y de valor atemperadas a la realidad puertorriqueña. 

Con intención de promover a Puerto Rico hacia una transición justa se discuten primero los retos que enfrenta el país para gestionar sus residuos y cómo el consumo responsable de recursos puede aprovechar las oportunidades presentes. El análisis busca producir propuestas que guíen la formación de un tratado eco-social para Puerto Rico en el área de la gestión de residuos e incluir recomendaciones para transformar la economía destructiva hacia una regenerativa garantizando la participación de todos. 

El consumo puertorriqueño

La economía de Puerto Rico una vez caracterizada por ser agraria dependiente fue transformada tras la invasión estadounidense con la industrialización y cultura de consumo, factores imperativos para una economía capitalista (Álvarez, 2018). Este modelo de bienestar, basado en la posesión y acumulación de bienes y la moral del disfrute a través del consumo obsolescente, individualista y acelerado, está ligado a la depredación de las formas de vida y desechos cada vez mayores (Carosio, 2010). La transformación del modelo económico lineal en el País debe explorar fuerzas políticas y socioculturales que influyen en el comportamiento del consumo puertorriqueño. Además, habrá que entender cuáles son los factores que ejercen presión para el consumo de productos, y que influyen sobre qué productos se consumen y qué valor se les atribuye. Sin duda, la relación colonial incide sobre el tipo de actividad económica que predomina en el País y en el comportamiento del puertorriqueño de consumir desmedidamente. 

Por una parte, Puerto Rico, un paraíso fiscal, tiene un perfil que por décadas ha sido atractivo para la entrada de empresas multinacionales. Esta relación ha favorecido el asentamiento de industrias y megatiendas norteamericanas en suelo boricua para aprovechar más incentivos económicos de los que pudieran conseguir en cualquier otro estado de la nación. Su presencia en Puerto Rico no sólo influye sobre el tipo y la calidad de producto que se consume, sino que también provoca el desplazamiento de comercios locales. El ejemplo más evidente destaca las tiendas Walmart y Walgreens, que representan la concentración más alta de tiendas por milla cuadrada que en cualquier otro sitio de la nación (Cintrón, 2014). Sin limitarse a este ejemplo, es importante recordar que el archipiélago participa de una economía globalizada, que los bienes que se consumen aquí son mayormente importados y que reflejará directamente el tipo de residuo que se descarta localmente.

Por otra parte, el consumo se registra como un modo de integración social. Además de un producto cumplir con su utilidad objetiva, éste también guarda relación con su sujeto de modo que satisfaga una necesidad de pertenecer ya sea a una cultura o una clase social (Ortiz, 2013). Bajo un modelo capitalista la acumulación de bienes es percibido como progreso, crecimiento económico, y el alcance de mayor bienestar. Se presume que el consumo de bienes satisface las necesidades humanas, ya sean básicas para subsistir o necesidades percibidas que han sido manipuladas por el mercado. Esta percepción falla en considerar que el susodicho progreso y crecimiento económico implica mayor presión a alcanzar un estatus social que puede desencadenar una pobre salud mental, calidad de familia y relaciones de comunidad reducidas, explotación de recursos naturales y contaminación ambiental (Büchs & Koch, 2019). D’Alisa et. al. (2015) expresa que “el crecimiento económico no necesariamente incrementa la felicidad. Una vez las necesidades materiales básicas están satisfechas, los ingresos extra se destinan cada vez más a bienes posicionales (como una casa más grande que la del vecino)” (p.43). Además, es importante sumar que el complejo de inferioridad del puertorriqueño acentúa el deseo de acumular bienes y alcanzar la percepción del progreso, una narrativa controlada por el mercado estadounidense y colonizador. 

Una radiografía del consumo puertorriqueño puede producirse estudiando la caracterización de los residuos sólidos generados. Ésta contiene información útil sobre residuos que necesitan ser evitados como los desperdicios peligrosos y residuos que pueden reincorporarse a la cadena de producción. Según la última caracterización de residuos en Puerto Rico (Wehran, 2003), cerca del 35 % de los residuos sólidos representan la categoría de residuos orgánicos incluyendo material vegetativo y residuos de alimentos. Luego, la generación está dominada por el sector de la construcción y demolición con el 17 %. También, entre los primeros tres materiales más generados se incluyen los plásticos. Este último forma parte de una cadena de suministros altamente dependiente del petróleo. Los resultados de esta caracterización de residuos no son únicos para el archipiélago. A nivel mundial la composición de los residuos sólidos es muy similar; es importante recordar que participar de una economía globalizada e influenciada por el hiper-consumerismo mantendrá unas tendencias comparables en la generación de residuos. La cantidad de residuos generados en Puerto Rico representa un promedio de 5.56 libras per cápita (Autoridad de Desperdicios Sólidos, 2008), y mientras mayor ingreso per cápita, mayor generación de residuos por persona (Rodríguez Escobar, 2002). 

Proponer un tratado eco-social para Puerto Rico requiere mirar la cadena de producción y analizar la cadena de suministros para identificar dónde ocurren las pérdidas e impactos sociales y ambientales. Sólo así se podrá identificar qué residuos tienen que ser evitados por su falta de alternativa de manejo y cuáles residuos representan oportunidades económicas y de empleo. 

Consecuencias de la producción lineal 

La economía lineal consiste en extraer recursos naturales como materia prima, producir, consumir y desechar una vez su propósito inicial haya llegado a su fin (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Este modelo no evalúa los residuos que se generan en cada etapa de la cadena de producción ni considera si existen alternativas de reúso y reciclaje para estos. Esto lo etiqueta como un sistema ineficiente e insustentable por su necesidad constante de extraer recursos naturales limitados. Este modelo también está acompañado por riesgos en la cadena de suministros, y potencia el deterioro de los sistemas naturales que a su vez afecta la productividad de la economía. 

Puerto Rico –que importa 85 % de sus alimentos (Santiago-Torres et. al, 2019) y de los demás productos que aquí se consumen incluyendo químicos, productos derivados de petróleo, computadores y electrónicos, vehículos de motor y maquinaria (Consorcio Zona Franca de Vigo, n.d.)– no sólo no está exento de estas consecuencias, sino que perpetúa la dependencia de una economía lineal. Por el contrario, los riesgos asociados a éstas son exacerbados por su dependencia política y su posición geográfica vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Estos factores ponen en riesgo la logística de toda la cadena de suministros desde su importación hasta su disposición. Esto fue demostrado posterior a la llegada de los huracanes Irma y María en septiembre del 2017. La dependencia de recursos importados –sin ignorar otros factores influyentes como la falta de electricidad y comunicaciones provocados también por los huracanes– provocó una aglomeración de suministros en los puertos dilatando su distribución (Sosa & Mazzei, 2017). Por otra parte, la destrucción provocada por los desastres naturales causó un aumento en la generación de material orgánico, especialmente en el material vegetativo. Este aumento, acompañado por infraestructura destruida, generó estrés adicional en los rellenos sanitarios del país reduciendo su capacidad de volumen y así su vida útil (Alvarado, 2019). 

El discurso hegemónico redunda en la vida útil de los vertederos en Puerto Rico y busca con urgencia una alternativa que lo sustituya, pero será importante explorar alternativas que en lugar de perpetuar la invisibilidad de lo que se conoce como basura busque exaltar una nueva perspectiva sobre los residuos para tomar decisiones de prevención y reincorporación. 

Soluciones a medias e intentos fallidos

Existen varias medidas legislativas que promueven la reducción y el reciclaje de los residuos sólidos no peligrosos en Puerto Rico. La Ley 70 del 1992, según enmendada, estableció que se alcanzaría el 35 % de desvío de residuos sólidos hacia el reciclaje en o antes del 31 de diciembre del 2006. Para complementar esta ley, le acompaña la Ley 411 del 2000 que exige que toda industria, comercio y cualquier otro tipo de empresa o institución que emplee más de 10 personas debe tener un programa de reciclaje. Ésta incluye la jerarquía para el manejo de residuos en el siguiente orden: reducción y reúso, reciclaje y composta, incineración y, por último, entierro en sistemas de relleno sanitarios. 

A pesar de éstas, históricamente, Puerto Rico ha manejado los residuos sólidos de manera inversa. Predomina el entierro de residuos en 29 vertederos, de los cuales sólo 11 cumplen con regulaciones federales (Alvarado, 2019) y 67 % deben cerrar para el 2022 (EFE, 2019). Numerosas propuestas de plantas de incineración han sido presentadas a pesar de ser la segunda alternativa menos favorable en el manejo de residuos aprovechando la urgencia del cierre en vertederos y la atención que le ha brindado el gobierno aún cuando es incompatible con la política pública del país (Rodríguez Rivera, 2014). Al 2020, la tasa de reciclaje se mantuvo al 10 % (Alvarado, 2019) y poca legislación que prioriza la reducción de materiales ha sido firmada, como la Ley 247 del 2015 de Promoción de Bolsas Reusables (2015), y Ley 1709 para reducir y eliminar el uso de sorbetos […] (2019). Aunque Puerto Rico cuenta con legislación que prioriza la reducción sobre cualquier otro modo, carece de voluntad política que asegure su implementación.

A su vez, el Código Municipal de Puerto Rico cobijado en la Ley Núm. 107 del 2020 establece que corresponde a cada municipio establecer los servicios de recogido de residuos sólidos y permite imponer una contribución adicional especial para satisfacer gastos asociados a éstos. El cobro del recogido de basura no es un mecanismo innovador. Este sistema conocido como “Pay as you throw” promueve un cobro por cantidad de basura generada en un comercio o residencia. La intención es incentivar la reducción de basura para reducir el costo del servicio. Este modelo no necesariamente promueve participación ciudadana, especialmente si no es acompañado por un plan de desvío efectivo, infraestructura accesible y medidas educativas claras. Esto quedó evidenciado con el fracaso de dos intentos en implementar el modelo en San Germán, –programa que ha magnificado el problema ambiental provocando un aumento en vertederos clandestinos (El Nuevo Día, 2021) – y en Cabo Rojo, con “Iniciativa Naranja” que quedó inoperante posterior al huracán María.

El huracán María en 2017 no fue el único precursor en contribuir estresores en el manejo de residuos. Desde el 2013 China, el país que más material reciclable compraba, pasó la Operación Green Fence como medida de prevención a recibir residuos de baja calidad (Balkevicius et.al., 2020). Con el tiempo, esta medida se tornó más estricta y actualmente busca que todo embalaje de material reciclable que llegue al país no exceda el 0.5 % de contaminación (Katz, 2019). Entiéndase contaminación como un tipo de material reciclable mezclado con otro, es decir no segregado, que no esté limpio o seco. Según la Organización Naciones Unidas, en el 2016 China importó 7.3 millones de toneladas de desechos plásticos de países desarrollados como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, equivalente al 70 % de todo el plástico desechado en el mundo ese año (Alarcón, 2018). Un país podrá ser multado si no cumple con la pureza del material requerido. Debido a que China es el importador más grande de material reciclable en el mundo, incluyendo a Puerto Rico, es imprescindible que cada municipio implemente estrategias de desvío que garanticen la pureza requerida y evite penalidades económicas innecesarias. Estas limitaciones ponen estragos en el mercado de material reciclable y revela otra dependencia de Puerto Rico bajo las normas de otro país. El reciclaje no está limitado solamente por la disposición de otro país, sino también por la naturaleza física y química que tienen algunos materiales haciendo su manejo cercano a imposible. 

Propuestas y recomendaciones para la gestión de residuos sólidos

Puerto Rico tiene la oportunidad de decidir cómo evitar y utilizar los residuos generados en el país. Entendiendo que los vertederos y la incineración son medidas inefectivas, desiguales, y económicamente insostenibles es imperativo priorizar la prevención. A través de políticas y prácticas centradas en los principios del modelo Residuo Cero, podrá garantizarse una mejor gestión y comportamiento de consumo. Residuo Cero es definido como la conservación de todos los recursos mediante la producción, el consumo, la reutilización y la recuperación responsables de productos, envases y materiales sin incinerar y sin verterlos al terreno, al agua o al aire que amenacen el medio ambiente o la salud humana (Zero Waste International Alliance, 2018). La transformación hacia este modelo debe ser guiada por los siguientes principios (Ley 33 de 2018 que establece la Política Basura Cero de Panamá):

• • Responsabilidad compartida: La gestión integral de residuos requiere participación de todos los actores del ciclo de producción, consumo y desecho, que incluyen a industrias, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores y cualquier gestor de residuos tanto públicos como privados. 
  • Responsabilidad extendida del productor: La responsabilidad que tienen los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes y prestadores de servicios u otros que en su actividad ocasionen residuos durante el ciclo de vida de estos.
  • Jerarquía: Establece el orden de manejo de residuos priorizando la prevención, reducción, reúso y reciclaje.
  • Proximidad: Supone que los residuos deben gestionarse lo más cercano a su origen, en todas las etapas de producción y consumo. 
  • Precaución: Cuando exista peligro de daño grave, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para dilatar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente o de la salud. 

• Quien contamina paga: Los generadores de residuos deben asumir el costo de prevención y mitigación ambiental de la contaminación por residuos, asumiendo sus costos y reparando el daño ambiental causado cuando éste se produzca.

Seguir estos principios requerirá transformar los procesos de actividad económica que atienden las necesidades físicas, sociales y culturales de los puertorriqueños. Ésta desencadenará oportunidades laborales para incluir servicios imprescindibles a garantizar la prevención de residuos y la reincorporación de algunos a la cadena de producción. Nuevos trabajos serán creados en actividades que comparativamente son intensivos en trabajo como los servicios de reparación, actualización y mantenimiento (Unión General de Trabajadores, 2020). Asegurar la participación laboral de todos depende de compromisos que incluyen voluntad política y mecanismos de prevención alineadas a estrategias centradas en la filosofía de Residuo Cero. 

De manera que se prioricen los principios del modelo Residuo Cero, se presentan varias recomendaciones que incluyen elementos adicionales como el rediseño y la reparación guiadas por valores de solidaridad y colaboración. Éstas pueden ser adoptadas e implementadas desde el enfoque gubernamental, empresarial y comunitario –actores necesarios para un tratado eco-social. 

Información y sensibilización

Una educación integral será imprescindible para fomentar la participación multisectorial que asegure un futuro Residuo Cero. Aunque la educación sobre las 3 erres no es nueva para el País y no está ausente del currículo escolar, es necesario crear programas escolares permanentes en los que la experiencia sea la estrategia de aprendizaje. Un ejemplo de ésta es facilitado por el programa de Eco-Escuelas liderado en Puerto Rico por la organización sin fines de lucro Organización Pro-Ambiente Sustentable. En este programa, participan 47 escuelas públicas y privadas y 1 centro universitario (OPAS, 2020). Éste busca integrar sensibilización de los recursos mediante capacitación e implementación de proyectos como huertos escolares, programas de desvío efectivos y compostaje. También existen esfuerzos municipales para integrar el programa de desvío utilizando las escuelas como centros de acopio. Éste es el caso del municipio de Cabo Rojo. Después del fracaso de la Iniciativa Naranja, la estrategia principal para el desvío de material reciclable se convirtió en la capacitación de estudiantes sobre separación en el origen y contribuir horas voluntarias para la operación del centro en la escuela. Por una parte, los estudiantes pasan por todo el proceso necesario de asegurar un material de calidad para desvío, cumplen con sus horas de Contacto Verde (un requisito que exige el Departamento de Educación), y el municipio utiliza infraestructura existente y accesible para distintas comunidades. En este sentido, es necesario priorizar inversión social y flexibilidad en el currículo escolar impuesto por el Departamento de Educación que permita escalar un programa como el de Eco-Escuelas a nivel de país. 

El proceso de educación no está limitado a las responsabilidades del Departamento de Educación o al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Desde el punto de vista económico, mientras existan incubadoras de negocios educando con modelos tradicionales, continuarán perdiéndose oportunidades de empleo en actividades que no son incluidas en la economía lineal. Algunos ejemplos de modelos de negocio cónsonos con la prevención de residuos sólidos son aquellos que se concentran en reparación, mantenimiento, digitalización e intercambio. Empresas reconocidas como Patagonia, Spotify, AirBnb y Blabla Car son ejemplos que integran los modelos anteriores. En Puerto Rico, ya existen negocios que integran una o más de estas áreas. Por ejemplo, Tais Recycling Puerto Rico, empresa puertorriqueña dedicada al desvío de residuos de alimentos y envases compostables para crear composta y regrese a fincas agrícolas para nutrir el suelo. Esto se logra mediante un servicio de recogido de residuos de alimentos a nivel doméstico y comercial, que intercambia un contenedor lleno por uno vacío cada dos semanas. Bajo este modelo, Tais ha logrado desviar 940,438 libras de material orgánico (Tais Recycling PR, 2020), que de lo contrario hubiera llegado a un vertedero. Otro ejemplo es Retazo, empresa puertorriqueña que ofrece a diseñadores y marcas de moda servicios de Desarrollo de Producto Sostenible y Manufactura en Puerto Rico priorizando el uso de textiles sustentables y manteniendo la industria de la aguja en el país (Retazo, 2020). 

También, para impulsar un cambio en el comportamiento del consumidor, es recomendable etiquetar los productos hechos en Puerto Rico y aquellos que son importados, para comunicar las emisiones asociadas al desarrollo de éste y sobre la conservación de recursos a través de su ciclo de vida respecto a otros en la misma categoría. El desarrollo de una etiqueta debería seguir los estándares de la serie 14020 de ISO (International Standards Organization, por sus siglas en inglés), en particular, el Tipo 1 (ISO 14024), referente a etiquetas ecológicas (eco-labels) certificadas por una entidad pública o privada (OECD, 2016). La comunicación uniforme y estandarizada permite una educación más efectiva que influencia las decisiones del consumidor. 

Reducción y reúso 

Algunas recomendaciones para fomentar la reducción y el reuso de productos incluyen: 

• Reutilización e intercambio: Fomenta una cultura alrededor del uso de productos de segunda mano. Coordina recogidos a nivel de comunidad, municipal o empresarial para fomentar actividades de intercambio. 

• Reparación: Visibiliza y fomenta servicios de reparación de productos variados desde sastres y zapateros hasta la reparación de mueblería y electrodomésticos. 

• Medidas reglamentarias: Promueve medidas que prohíban el uso de distintos materiales y asegura la extensión en la vida útil de productos. Esfuerzos legislativos deben dirigirse a enmendar políticas actuales para asegurar la eliminación total de bolsas plásticas, priorizar política pública que elimine el uso de envases y utensilios hechos a base de petróleo y restricciones a la importación de productos con sobre empaque, e implementar el depósito de envases para incentivar el desvío de envases de plástico y vidrio. También deben priorizar medidas de control sobre la extensión de garantías y la obsolescencia de productos. 

Reciclar más, reciclar mejor

El desvío de materiales hacia la industria de reciclaje es un paso importante para alcanzar un futuro de cero residuos. Por esto, es necesario atenderlo desde dos áreas: una que considere aquellos materiales que sí pueden ser procesados y otra que busque rediseñar o eliminar materiales que son físicamente imposibles de manejar y viabilizar en el mercado. Algunas estrategias para reciclar más y reciclar mejor incluyen:  

• • Desarrollar mercados para el reciclaje identificando opciones para fomentar la compra de materiales reciclables e incentivar negocios locales que incluyen estos materiales en sus procesos de manufactura y fabricación. 
  • Fomentar estrategias de desvío regionales para maximizar la escalabilidad de programas de desvío y desarrollo de mercado.
  • Implementar y ampliar el programa de desvío en todas las agencias públicas visibilizando proyectos efectivos en espacios que frecuentan los puertorriqueños y liderando con ejemplo. 
  • Exigir a empresas comunicar sobre el rendimiento de sus programas de desvío de materiales reciclables. 
  • Abrir centros de acopio comunitarios asegurando acceso a toda la población para el desvío de material reciclable a nivel doméstico.
  • Visibilizar y fomentar el cooperativismo entre los recolectores comunitarios de material reciclable.
  • Diseñar, identificar y rotular de manera uniforme todos los contenedores en todos los programas de desvío para asegurar mejor segregación de materiales en el origen. 

• Crear una plataforma digital que informe sobre la clasificación y segregación apropiada de los materiales.

• Crear programas de desvío de materia orgánica a nivel municipal y/o empresarial e implementar rutas de recogido de residuos orgánicos a nivel doméstico mientras el centro de acopio esté accesible a la comunidad. 

• Exigir un plan con estrategias de cero residuos para producciones de eventos. 

• Integrar procesos de creatividad e innovación desde los centros de investigación y la academia para encontrar distintos usos a materiales de difícil manejo. 

La colaboración es importante para conducir soluciones costo efectivas e inclusivas a largo plazo. Algunas de estas propuestas han sido trazadas e implementadas desde esfuerzos multisectoriales. La participación del Puerto Rico Recycling Partnership es un ejemplo de compromiso multisectorial que ha esbozado objetivos adicionales para la gestión responsable de residuos. Esta organización debe ser portavoz para consultar proyectos de legislación e implementación de programas en distintos medios. Esfuerzos de comunidades organizadas también han priorizado algunas de las recomendaciones incluidas. Un ejemplo incluye la comunidad del Caño Martín Peña que creó la microempresa Martín Peña Recicla priorizando el desvío de material reciclable en su comunidad y reclutando empleados recolectores del mismo espacio. En este sentido, incentivar labor de recolección puede asegurar el aprovechamiento de residuos y permitir oportunidades de ingreso a la comunidad. Esta actividad económica representada por recolectores de materiales reciclables no se limita a Puerto Rico (Figueroa, 2017) sino que también forma parte del ingreso de ciudadanos en otros países como Brasil que cuenta con sobre 400,000 recolectores informales de residuos (Cavalcanti & Kenny, 2018). Asimismo, desde la sociedad civil han dedicado esfuerzos para integrar mejores prácticas en la implementación de estrategias de Cero Residuos en eventos públicos y privados para promover el desvío apropiado de materiales reciclables. También, existen esfuerzos a pequeña escala desde centros universitarios para el procesamiento de materiales localmente. Asimismo, gracias a plataformas colaborativas internacionales que comparten diseños de máquinas para reciclaje se ha fomentado la recolección de plásticos que el mercado no recibe para su procesamiento local, una iniciativa liderada por el movimiento conocido como Precious Plastics. 

Reincorporación de materiales

La ausencia de mercado para materiales reciclables debe empujar al sector público a intervenir proveyendo poder adquisitivo. Estándares centrados en principios de Residuo Cero y circularidad deben incluirse en guías de compra y política pública. Listas de suplidores o materiales que cumplen con dichos estándares y materiales con opciones de manejo pueden ser desarrolladas para que sean priorizados en procesos de compra del sector público (Ellen MacArthur Foundation, 2015). También, hará falta proveer el financiamiento apropiado para los activos de transportación de material y centro de acopio óptimos para la segregación adecuada e incentivar la inclusión de materiales a otros procesos de manufactura. El vidrio es uno que se añade al proceso de manufactura de bloques de construcción hechos por la compañía Comercial La Pino en San Sebastián que utiliza aproximadamente 10 % de vidrio dentro del agregado del bloque (Hernández, 2016). Asimismo, desde el sector público hubo esfuerzos para incluir neumáticos en el asfalto para la reparación de carreteras. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) utilizó esta técnica en la PR-10 en Ponce en el 2009 y en la PR-184 en Cayey en el 2013 (Díaz, 2018). Aunque utilizar neumáticos como parte de la materia prima para la construcción y reparación de carreteras ha demostrado ser más duradero y a pesar de que proveen mejor superficie de rodaje para autos (EPA, 2016) y aunque se ha intentado promover legislación que acelere este cambio, hay resistencia a normalizar esta práctica como método para el país (Díaz, 2018). Desde el lente municipal, Comerío es un ejemplo para el país que ha priorizado la recolección de materiales reciclables y está enfocado en ampliar el Centro para la Manufactura de Productos Plásticos 100 % reciclados (Santiago, 2019). Por otra parte, esfuerzos comunitarios liderados por Tainasoy Apiario han integrado materiales reciclables en la construcción de un centro educativo, Villa Bonuco, siguiendo el modelo de Earthship (Gershen, 2018). 

Conclusión

Como comparte Ortiz (2013) en su análisis del consumo puertorriqueño, la cultura se hace economía. La economía sin embargo no debe comprometer la cultura puertorriqueña, sacrificar el acceso a sus derechos humanos y poner en riesgo los recursos naturales para que los hijos, nietos y demás generaciones tengan una vida digna. La búsqueda del puertorriqueño a pertenecer a algo más grande es la fuerza motora que dictará la dirección del país hacia una destructiva o hacia una regenerativa e inclusiva para todos. Hacer una nueva economía está en la voluntad del país a proteger su esencia y a defender la autonomía que tiene sobre el manejo de sus recursos. 

Trazar un plan de acción es imprescindible para asegurar una transición justa que permita el desarrollo socioeconómico y una cohesión social. Un plan que valide las necesidades físicas, sociales y culturales del puertorriqueño, que fomente la participación inclusiva de todos los sectores y proteja los derechos humanos y recursos naturales de las generaciones presentes y futuras. Habrá que buscar un profundo entendimiento sobre las necesidades que están siendo satisfechas por el consumo consistente del puertorriqueño para adaptar el comportamiento económico, y planificar la transición urgente de un paradigma lineal que abusa de sistemas de rellenos sanitarios a uno que priorice la prevención sobre todas las cosas. La transición justa para un mejor manejo de residuos y consumo responsable requerirá de la participación multisectorial para que sea el capital social quien lidere con la innovación hacia un futuro autónomo, limpio y seguro. Puerto Rico no es extraño a las consecuencias que ha provocado la crisis climática y ha despertado el valor de coraje y valentía que lo caracteriza. El momento de utilizarlo hacia una transición justa llegó. 

Referencias

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