Texto
Pablo Méndez Lázaro,
Escuela de Salud Pública UPR- Río Piedras.
Arte
Sharon N. González / Colectivo Moriviví
Salud y cambio climático: Desafíos para la calidad de vida y el bienestar social
Introducción
El cambio climático inducido principalmente por las actividades humanas es un desequilibrio energético a escala planetaria que se traduce en calentamiento global y aumento en las temperaturas a causa de las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero que, a su vez, también conducen a una mayor contaminación del aire. Dicho desequilibrio energético es el responsable del aumento en la intensidad, frecuencia y duración de los eventos extremos, como los episodios de calor, las sequías, el aumento del nivel medio del mar, las inundaciones a gran escala o las tormentas (Villarini et al. 2011). Los eventos climáticos extremos son aquellos capaces de interrumpir la continuidad de operaciones en la sociedad y son de gran interés para los científicos, tomadores de decisiones y los ciudadanos debido a su potencial para causar grandes daños e impactos sustanciales en los sistemas socio-ecológicos-tecnológicos, por ejemplo en comunidades e individuos, servicios ecosistémicos, dinámica y distribución de especies, infraestructura de agua, energía y telecomunicaciones; servicios esenciales como la educación y la salud. En la actualidad, el problema que afronta la humanidad y la urgencia que amerita el tema de Cambio Climático, ha estimulado el reconocimiento de la Crisis Climática. De acuerdo con el más reciente informe de The Lancet (Watts et al. 2020), el Cambio Climático representa una de las principales amenazas a la salud pública mundial. Es por lo que es sumamente importante entender cómo o cuándo estos eventos podrían ocurrir, y cómo responder a ellos para evitar desastres que afecten la salud pública, el bienestar y la calidad de vida.
Los eventos extremos no ocurren aislados en el espacio y el tiempo, sino que interactúan con determinantes sociales de la salud (las condiciones en las cuales un individuo nace, se cría y muere: pobreza, educación, condiciones de salud pre-existentes, edad) resultado de las políticas públicas adoptadas. De igual forma, interactúan con el contexto institucional, por ejemplo, con la planificación urbanística, políticas de uso del terreno, ordenación territorial, planificación ambiental, transformación del paisaje, infraestructura crítica y las condiciones de ésta, a nivel mundial, nacional y local.
La crisis climática presenta desafíos para la salud humana, la distribución, diversidad de las especies y los recursos naturales vivos (IPCC, 2007; GCCIUS, 2009; Barnet et al., 2012). Estos cambios ambientales han llevado a un mayor riesgo de exposición a alérgenos y contaminantes en el aire y enfermedades transmitidas por vectores como el virus del Nilo Occidental, la malaria, el dengue y chikungunya para las poblaciones humanas, particularmente en las comunidades tropicales (Githeko et al., 2000; Ndiaye et al., 2006; Gage et al., 2008; Brunkard et al., 2008; Portier et al., 2010; Méndez-Lázaro et al. 2014). También existe la preocupación de que el cambio climático pueda reintroducir enfermedades en áreas geográficas donde habían sido previamente erradicadas (Hess et al. 2012.). Los patrones cambiantes y la frecuencia de los episodios prolongados de calor, la concentración de ozono atmosférico a nivel del suelo o el smog, y el polvo y otros aerosoles que desencadenan respuestas asmáticas también son condiciones de preocupación (Shamir y Georgakakos, 2014). Los eventos de calor extremo también presentan un riesgo directo a la vida, en especial de la población de edad avanzada (Méndez-Lázaro et al. 2018).
Los territorios insulares, como Puerto Rico, son particularmente vulnerables debido a los eventos extremos asociados con los cambios en el clima terrestre y marino (Gould et al. 2018). Abordar tales peligros requiere nuevos enfoques geoespaciales –monitoreo con datos satelitales en combinación con monitoreo en la superficie del océano y la superficie terrestre– y de comunicación para facilitar los esfuerzos de los profesionales de la salud pública y los planificadores de respuesta a emergencias (White-Newsome et al. 2013; Wolf y McGregor, 2014). Estas estrategias deben vincular la salud humana, el monitoreo ambiental rápido y sinóptico y la investigación que ayuda a mejorar el pronóstico de condiciones peligrosas para segmentos de población humana particulares o para otros organismos. El conocimiento de los riesgos y el mecanismo para aplicar la información de manera eficaz trabajando con el público son esenciales.
La crisis climática es un tema de naturaleza científica con potencial impacto en todos los sectores de la sociedad. Es por lo que requiere esfuerzos multisectoriales con enfoques que integren la salud, agricultura, economía, sociología, ingeniería, política, y la educación, entre otros. A modo de ejemplo, la contaminación del aire es causada por factores naturales y antropogénicos. Las fuentes de contaminantes atmosféricos asociadas a las actividades humanas provienen principalmente de vehículos en mal estado –incluidos los utilizados para el transporte público y de mercancías– y las plantas de energía a base de carbón que generan más 300,000 toneladas de cenizas de carbón y a base de petróleo que genera otros residuos de combustión cada año (Santiago, 2012). Estos aerosoles son movilizados por el viento hacia las comunidades vecinas, fincas agrícolas, bosques, áreas costeras y cuerpos de agua. Contaminación con material particulado suspendido en el aire (PM2.5), aerosoles asociados con óxidos de nitrógeno o azufre (NO2, SO2) y otros gases generados por la actividad humana, incluida la quema de combustibles fósil, son un problema de salud pública en muchas regiones del mundo, tanto en los centros urbanos como en áreas rurales. Una transformación energética no sólo significaría una mejoría en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que repercutiría directamente en una mejoría de la calidad de aire, potencialmente disminuyendo los problemas de salud asociados a la contaminación atmosférica.
Los efectos de eventos extremos en la salud
Los estudios evidencian que Puerto Rico ha experimentado aumentos significativos en las temperaturas medias anuales y mensuales, ha sufrido sequías extremas, inundaciones costeras y el impacto de huracanes poderosos (Méndez-Lázaro et al. 2018; Ortiz et al. 2020). Aunque los ciclones tropicales y los huracanes son fenómenos atmosféricos complejos que necesitan más estudios científicos, recientes investigaciones sugieren un ligero aumento en la intensidad de estos fenómenos (Kossin et al. 2020). En septiembre de 2017, la región del Caribe en general y Puerto Rico en específico experimentó una de las temporadas de huracanes más catastróficas de la historia reciente. El 7 de septiembre de 2017, el huracán Irma (Cat. 5) llegó a las Antillas Menores y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI) pasando a 60 millas náuticas al noreste de Puerto Rico. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María (Cat. 4) azotó la isla de Puerto Rico. María destruyó la precaria infraestructura de energía, agua, comunicaciones y transporte de la isla (ASCE, 2019; Mayol-García, 2020). Semanas después del evento, casi toda la población carecía de electricidad, acceso al agua potable, agua limpia, alimentos nutritivos-saludables y telecomunicaciones. Más de tres meses después del evento, muchas personas todavía vivían en condiciones de emergencia y carecían de los servicios esenciales. Muchas comunidades perdieron sus hogares o quedaron aisladas después del colapso de puentes y carreteras. Los territorios caribeños afectados experimentaron interrupciones importantes en los servicios esenciales y muchísimos problemas de salud ambiental –saneamiento del agua, exposición a contaminantes, enfermedades transmitidas por vectores, higiene de alimentos, envenenamiento por monóxido de carbono y exposición a hongos y esporas.
Quedó evidenciada en Puerto Rico una nueva realidad climática con tormentas más frecuentes y de mayor magnitud como sugiere la nueva evidencia científica (Kossin et al. 2020; Emanuel, 2020). Además, la experiencia de Puerto Rico demuestra que estos eventos climáticos no son sólo desastres, sino que son los resultados de interacciones entre tres conjuntos de sistemas interdependientes: los sistemas biofísicos climáticos, los sistemas de ingeniería y los sistemas humanos.
Sin quitarle importancia a la devastación generalizada y las muertes causadas por el huracán María, se debe reconocer que Puerto Rico se encontraba en una situación precaria mucho antes de que el huracán azotara la isla (ASCE, 2019; Mayol-García, 2020). Dicha situación limita la capacidad de preparación, respuesta, recuperación y adaptación. Los informes indican que algunas comunidades rurales desfavorecidas en la isla han tenido servicios precarios de agua potable y electricidad por décadas (Rivera, 2020).
La literatura científica sugiere que los desastres provocan interrupciones importantes en los sistemas de salud y tienen un impacto en la salud de la población. Los tornados y huracanes en los Estados Unidos, por ejemplo, se han asociado con aumentos en los ingresos hospitalarios por todas las causas de salud (Anne et al. 2017), interrupciones del tratamiento entre pacientes con afecciones crónicas y acceso limitado a medicamentos (Bailey et al. 2005). En el caso reciente de Puerto Rico, se estima que aproximadamente 2,975 personas perdieron la vida (Santos-Burgoa et al. 2018; Irvin-Barnwell et al., 2020), la mayoría de los hospitales y clínicas se quedaron sin electricidad o combustible para los generadores, o sufrieron daños importantes (Zorrilla et al. 2017). Semanas después del evento, mientras muchas casas todavía no tenían electricidad ni techos y el dosel de los árboles aún estaba desnudo, los puertorriqueños enfrentaron efectos en cascada, incluidos los impactos en la salud ambiental de la contaminación del aire, el calor extremo y los mosquitos (Ortiz et al.2020; Subramanian et al. 2018; Barrera et al. 2019).
Los eventos extremos (McPhillips et al. 2018) también se han relacionado con demoras en la atención médica entre pacientes con cáncer (Ozaki et al. 2017). Los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de complicaciones tras la ocurrencia de desastres. Es por ello que entender el impacto de los estresores psicosociales y ambientales y las respuestas posteriores a desastres en una variedad de indicadores de salud es sumamente importante.
Estrategias de adaptación para futuros sostenibles y resilientes
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, de las Naciones Unidas, establece que las personas “con enfermedades crónicas deben ser incluidas en el diseño de políticas y planes para gestionar sus riesgos antes, durante y después de los desastres” (UNDRR 2015). Asimismo, el Marco de Sendai reconoce que “en el Estado recae la función principal de reducir el riesgo de desastres, pero es una responsabilidad que debe compartirse con otros actores, tales como los gobiernos locales, el sector privado y otros grupos interesados”.
De acuerdo con la Cuarta Evaluación Nacional del Clima (4th US National Climate Assessment-NCA4) para la región del Caribe, “Los altos niveles de exposición y sensibilidad al riesgo en la región del Caribe de los EE. UU. se ven agravados por un bajo nivel de capacidad de adaptación, debido en parte a los altos costos de las medidas de mitigación y adaptación en relación con el ingreso del producto interno bruto de la región.”.
Las crisis financieras-políticas y ambientales del país incluyen la declaración de quiebra en la primavera de 2017 (PROMESA 2017) debido al mal manejo de fondos públicos, pésimas decisiones político-financieras, negocios con organizaciones de dudosa reputación financiera, eventos extremos climáticos (Huracán María 2017, Godzilla Dust Event 2020) que se suman a una larga historia de marginación y falta de apoyo gubernamental a los sectores más necesitados, resultaron en la exigencia de la renuncia del gobernador de Puerto Rico en el verano 2019. A estas mencionadas crisis, recientemente se le añade a la cargada y confusa agenda de trabajo de Puerto Rico la crisis salubrista causada por la pandemia de Covid-19. Estudios actualizados sugieren que el Covid-19 ha influido significativamente en la dirección de la implementación de políticas de adaptación y cambio climático en muchos países y ha desviado la atención de la crisis climática (Leal Filho et al. 2021). Este complejo panorama, junto con la ausencia de acciones de mitigación y adaptación, amenaza con empeorar las condiciones de salud pública ante las alteraciones climáticas y eventos atmosféricos extremos asociados.
Las estrategias de planificación urbana, ordenación territorial y uso del suelo se consideran los instrumentos más eficaces y exitosos para la adaptación a peligros naturales y eventos climáticos extremos (King et al. 2016). De esta manera, se evita la exposición al riesgo y se previenen impactos en la salud pública, el bienestar y la calidad de vida. No obstante, las estrategias de ordenación territorial en Puerto Rico han fracasado permitiendo construcciones comerciales y residenciales en áreas de “alto riesgo”. Durante décadas, ha sido un reto poder limitar y regular el desarrollo urbano en lugares de alto riesgo principalmente debido a la oposición significativa de intereses políticos y económicos. Estudios recientes en la isla evidencian que aproximadamente el 40 % de la población que vive en las zonas costeras de Puerto Rico se encuentra en áreas inundables y vive bajo el nivel de pobreza (PMZC, 2019). De igual forma, el 11 % de la infraestructura –viviendas, negocios, aeropuerto, puertos marítimos, carreteras, energía, agua potable y aguas sanitarias– en las zonas costeras es susceptible a marejada ciclónica, aumento del nivel del mar de tres pies y erosión costera proyectada a 30 años (PMZC, 2019).
La autogestión comunitaria es también considerada como una estrategia de adaptación ya que mejora la resiliencia socio-ecológica de la comunidad ante desastres y crisis (Holladay et al. 2019). Esto, a su vez, tiene implicaciones para la sostenibilidad, la salud pública y la reducción de riesgos a través de niveles más altos de cohesión comunitaria y capital social. Dentro de este marco, está el pensamiento de resiliencia, que se sustenta en la adaptabilidad y transformabilidad de un sistema como contrapunto a las vulnerabilidades del mismo sistema.
El año 2017 se puede identificar como un año transformador en Puerto Rico en el que muchas comunidades desarrollaron resiliencia adaptativa, como resultado de un proceso de aprendizaje social desencadenado por fuerzas externas como las mencionadas anteriormente. Cientos de iniciativas (desde la academia, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria) nacieron tras la crisis del huracán María para empoderar a las comunidades a construir futuros sostenibles y resilientes. La mayoría de estas iniciativas se basan en los principios del diseño centrado en el ser humano. El diseño centrado en el ser humano es un enfoque de resolución de problemas que comienza trabajando con las personas más afectadas por el problema que se va a resolver. Estas iniciativas se centraron en la participación de los residentes en las comunidades que fueron afectadas por el huracán María y que aún se están recuperando de las secuelas.
Otros aspectos transformadores impulsados por los eventos del 2017 en la isla se evidencian a través de las iniciativas del Gobierno de Puerto Rico en aprobar políticas claves de adaptación climática. En el verano de 2019, se aprobó en Puerto Rico la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Ley 33, Proyecto de Ley del Senado PS 773) estableciendo por primera vez en la historia de la isla, un marco legal para atender esta crisis climática. Dicha ley reconoce importantes proyecciones científicas: que el clima está cambiando, que representa una amenaza para la sostenibilidad y la calidad de vida. En el aspecto de gobernanza, la Ley establece la Comisión Conjunta sobre Cambio Climático en la Legislatura. A su vez, crea un Comité Asesor sobre Cambio Climático (CEACC) para desarrollar el plan con recomendaciones específicas y presentarlo a la Legislatura. El CEACC está compuesto por seis (6) miembros permanentes designados por la Gobernadora y confirmados por el Senado y Cámara de Representantes de Puerto Rico y tres (3) miembros exoficios. El comité tiene como fin asesorar sobre el alcance de la política general del Gobierno de Puerto Rico sobre el cambio climático, según establecido por la Ley 33 del 2019, y la dirección estratégica en torno al cambio climático en Puerto Rico; preparar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico (el Plan) a evaluarse por la Comisión Conjunta de la Legislatura; y atender asuntos sustantivos relacionados al tema. Desde el punto de vista energético y de mitigación, la ley establece energía 40 % renovable para el 2023 y 100 % renovable para el 2050; dispone la eliminación del carbón como combustible para diciembre de 2027; prohíbe la nueva adquisición y compra de vehículos que funcionan a base de combustible fósil desde enero 2020 en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico y busca renovar la flota de vehículos 100 % eléctricos o híbridos para el 2028. Para el manejo de las cuencas hidrográficas dispone aumento en la reforestación con la siembra de 500,000 árboles en cinco años y para el componente educativo establece la implementación de un currículo escolar en temas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.
Aunque la Ley 33 de 2019, se convierte en la iniciativa gubernamental de mayor envergadura reciente para los temas de cambio climático en Puerto Rico, se debe reconocer que en los pasados años han existido numerosos esfuerzos gubernamentales que han sentado las bases para promover estrategias de adaptación. En el 2013 se desarrollaron Órdenes Ejecutivas para que todas las agencias de gobierno hicieran un análisis de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático seguido por planes de adaptación al cambio climático. Algunas agencias cumplieron a cabalidad mientras que otras no pudieron cumplir con la encomienda. El Departamento de Salud, liderado por la Oficina de Preparación y Respuesta en Salud Pública, trabajó un borrador para atender amenazas climáticas que afectan la salud pública.
Entre otros esfuerzos, destaca el Protocolo Interagencial para el Manejo de la Sequía elaborado en el año 2015 y revisado en el 2018. Más recientemente, el Servicio Nacional de Meteorología-San Juan incorporó la amenaza del calor en su programa de Alertas Tempranas “Hazardous Weather Outlook” (https://www.weather.gov/sju/ghwo) que se provee avisos y alertas para proteger a la población de los eventos extremos de calor. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reestructuró la Oficina de Manejo de Zonas Costaneras para añadirle Cambio Climático como enfoque central. El Departamento de Agricultura Federal a través del Caribbean Climate Hub ha desarrollado el programa Climate-ADAPTA (https://www.climatehubs.usda.gov/hubs/caribbean/project/adapta-climate-adaptation-project). Este programa busca ayudar a la sociedad (Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas) a mantener y mejorar la viabilidad de la producción forestal y agrícola, la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y del suelo, la viabilidad y calidad de los estilos de vida rurales y la seguridad alimentaria a la luz de la variabilidad y el cambio climático. Además, desde hace aproximadamente 12 años existe el Consejo de Cambio Climáticos de Puerto Rico, que ha producido numerosos informes sobre los impactos locales de las alteraciones climáticas. El Consejo (http://www.pr-ccc.org/) es una coalición de grupos de la sociedad civil, profesores y científicos que buscan adelantar la agenda climática en la isla en su carácter voluntario. En temas de adaptación al cambio climático creo firmemente que la isla cuenta con mucho conocimiento científico, excelentes profesionales y buena infraestructura administrativa para liderar el asunto en el Caribe.
Conclusiones
En resumen, tras el paso del huracán María sobre el territorio de Puerto Rico se han fomentado espacios para procesos participativos estructurados de resolución de problemas, que culminan, en muchas ocasiones, en planes de acción sostenible tanto a escalas políticas administrativas como a escalas comunitarias. Estos planes se basan en la ciencia SETS (Sistemas Socio-ecológicos y Tecnológicos) y las prioridades para la reducción del riesgo de desastres que incluyen: seguridad alimentaria, desarrollo socioeconómico, acceso a la atención de salud-salud pública, energía y servicios ecosistémicos.
La mayoría de estas prioridades se están implementando ahora. Sin embargo, para garantizar que las acciones transformadoras en las comunidades y el gobierno tengan el mayor impacto posible, estos planes no pueden abordar la mitigación por sí solos; deben mostrar el camino hacia una transformación total de la sociedad en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (2030). Para lograr dichas metas, Puerto Rico deberá atender el problema identificado en el 4thNCA: bajo nivel de capacidad de adaptación, debido en parte a los altos costos de las medidas de mitigación y adaptación en relación con el ingreso del producto interno bruto de la región. Para aumentar esa capacidad de adaptación se debe mejorar el bienestar y la calidad de vida trabajando con los determinantes sociales de la salud y las disparidades socioeconómicas de la población.
Las comunidades tienen el potencial de mejorar las acciones de adaptación y mitigación fomentando colaboraciones más fuertes con iniciativas sobre cambio climático y reducción del riesgo de desastres para minimizar el impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida. Los próximos años serán fundamentales para garantizar que estos esfuerzos incluyan visiones y perspectivas alternativas y transformadoras y, lo que es más importante, las necesidades de las personas y los ecosistemas que serán más vulnerables a futuros eventos extremos. Abordar estos peligros requiere nuevos enfoques estratégicos transdisciplinarios y de comunicación para facilitar los esfuerzos de los profesionales, las comunidades, la academia y las organizaciones cívicas.
Notas
Email: pablo.mendez1@upr.edu
Investigador Principal: NASA Grant Number 80NSSC19K0194
Investigador Principal: NASA Grant Number 80NSSC20K1588
Co-PI: USDA-SARE: Exploring Agritourism in Utuado, PR
Investigador Principal: Climate Adaptation Plans in Coastal Communities of Puerto Rico
PR-CLIMAH (Puerto Rico Climate and Health Research Group)
Referencias
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